El Grupo Parlamentario de Vox ha registrado una Proposición de ley para rescatar la decaída ley Ela y ampliar el articulado de Dependencia con el objetivo de blindar las prestaciones económicas, incluir los servicios de enfermería y fisioterapia en el catálogo de servicios a domicilio y que los afectados reciban el bono eléctrico.
La formación liderada por Santiago Abascal lamenta que una Proposición de ley cuya toma en consideración fue aprobada por unanimidad decayera con motivo de la disolución de las Cortes Generales tras permanecer encallada en las sucesivas ampliaciones del plazo de enmiendas de la Mesa del Congreso. Por este motivo, solicitan rescatarla.
Asimismo, en la Proposición de ley de atención integral a los enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras personas de gran dependencia, plantean modificar dos leyes, la de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y la Ley General de Derechos de las personas con Discapacidad y de su Inclusión Social; y un real-decreto, relativo a la protección de consumidores de energía.
Entre los cambios propuestos para la ley de Dependencia destaca el blindaje de las prestaciones económicas. Vox apuesta por modificar eliminar el término “excepcionalmente” para posibilitar que los beneficiarios puedan recibir una prestación económica para ser atendido por cuidadores no profesionales, siempre que se den condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la vivienda y así lo establezca su Programa Individual de Atención.
Las prestaciones económicas acordadas deben, según el articulado, responder a los gastos reales y actualizados de los beneficiarios, especialmente a aquellos que se hallan en situación de gran dependencia. La financiación, en consecuencia, ha de ser suficiente e, incluso, recoger una estimación de potenciales beneficiarios, quedando reflejado en los Presupuestos Generales de cada año.
También se añadiría al catálogo de servicios, que ahora únicamente contempla la atención a las necesidades del hogar y los cuidados personales, el servicio de enfermería y fisioterapia. De prosperar la ley, el plazo para la aplicación de ambos sería de tres meses.
La PL registrada por Vox propone modificar la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social de tal manera que, cualquier persona que se encuentre en grado de dependencia tendrá la consideración de un mínimo de un 33% de discapacidad, pudiendo disponer de todas las ayudas y beneficios sociales asociados. No se requerirá un reconocimiento, pero sí un dictamen médico que lo avale. Además, esto no impediría que se pudieran iniciar los trámites para porcentajes de discapacidad más elevados.
De igual forma, solicitan que las personas en situación de gran dependencia tengan consideración de consumidores de energía vulnerable y se beneficien de modo automático del bono eléctrico, independientemente del criterio de renta.
Por último, urgen a que el Gobierno incorpore a la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud el transporte y alojamiento de las personas en situación de gran dependencia y sus familiares/cuidadores toda vez que tengan que desplazarse a una provincia distinta de la de su residencia para acceder a los tratamientos.