El diputado de Vox en la Junta General del Principado, Gonzalo Centeno, tras analizar los trabajos de la comisión de investigación sobre el accidente en la mina de Cerredo, ha señalado a la Administración como responsable y ha denunciado la existencia de “dos fraudes de ley” relacionados con la concesión de subvenciones y con diversas autorizaciones administrativas.
Centeno ha realizado estas consideraciones este lunes, una vez prácticamente finalizada la fase de comparecencias de la comisión parlamentaria, en la que han intervenido más de 60 personas para aportar su testimonio.
Según el parlamentario, la Administración habría incurrido en una “responsabilidad in vigilando” al consentir que una empresa que solo contaba con permiso para retirar chatarra pasase a extraer carbón, circunstancia que, tal y como ha recordado, desembocó en el primer siniestro en la mina en agosto de 2022. “La Administración tiene una responsabilidad in vigilando. En términos llanos: no se enteraron o no se dieron cuenta”, ha manifestado.
DOS FRAUDES DE LEY EN LA MINA DE CERREDO
En su intervención, Centeno ha detallado lo que considera “un primer fraude de ley” en la tramitación y concesión de dos subvenciones del Instituto para la Transición Justa (ITJ) destinadas a un proyecto de obtención de grafito en Cerredo. “Esas subvenciones concedidas por el Instituto de Transición Justa son, lo que con arreglo del artículo 7 del Código Civil y de toda la jurisprudencia, se llama fraude de ley”, ha sostenido el diputado.
De acuerdo con su versión, la documentación presentada para acceder a esas ayudas, por un importe de 900.000 euros ampliables hasta 3 millones, constituye “simulación pura”, ya que durante las sesiones de la comisión varios técnicos acreditados habrían indicado que resultaba “prácticamente imposible” y “económicamente inviable” separar grafito de la hulla presente en la explotación.
El representante de Vox ha añadido que existe un segundo “fraude de ley” en la autorización administrativa concedida para llevar a cabo un proyecto de investigación complementaria. Centeno ha señalado que, según los ingenieros que comparecieron, dicho proyecto contemplaba la extracción de hasta 60 toneladas de carbón “para pruebas industriales”, sin que constase ningún destinatario final para ese carbón. “Es un chiste”, ha remachado.
Centeno ha concluido que ambos expedientes —tanto el relativo a las subvenciones del ITJ como el del proyecto de investigación— no habrían podido ser elaborados únicamente por la empresa beneficiaria, y ha apuntado a una “connivencia clara de determinados órganos y personas de la Administración”.