El Pleno del Senado debate la toma en consideración de una proposición de ley (PL) del Partido Popular para reformar el Código Penal en materia de multirreincidencia. Se trata de un texto muy similar al que presentaron en el Congreso hace más de año y medio y que acumula ya 48 ampliaciones del plazo para presentar enmiendas. La iniciativa que aborda hoy en la Cámara Alta será la tercera que tramiten las Cortes sobre la modificación de los delitos de hurto en lo que va de legislatura, tras la del PP en la Cámara Baja y la de Junts, también en el Congreso y paralizada a la espera de que se constituya la ponencia desde hace más de ocho meses.
Precisamente, la paralización de esa proposición ha sido uno de los incumplimientos que denuncian desde la formación catalana para defender la ruptura de su acuerdo con el PSOE. Mientras que el presidente del Gobierno asegura que «está dispuesto a tramitar y culminar la solución a uno de los problemas de este país, que es la multirreincidencia», como respondió Sánchez a la portavoz del PNV en la sesión de control en el Congreso de la semana pasada, el socio minoritario de la coalición de Gobierno y buena parte de los socios parlamentarios del Ejecutivo se niegan a que salga adelante.
Con esos números, las cuentas pasan por echar la vista al lado derecho del Hemiciclo de la Cámara. El PP no ve con malos ojos la PL de los independentistas, si bien manejan su propia agenda y tienen registrada una quincena de enmiendas al texto de los de Puigdemont para adecuarlo a sus planteamientos. El PSOE, por su parte, quiere que se suprima uno de los artículos y las disposiciones adicionales presentadas por los catalanes. ¿Qué propone exactamente Junts para atajar la multirreincidencia? ¿En qué coinciden y cuáles son las diferencias con los populares? ¿Qué es lo que no gusta al principal partido del Gobierno? Demócrata analiza las dos iniciativas y las enmiendas para conocerlo.
Una redefinición del delito de hurto casi coincidente
Las proposiciones del PP y la de Junts parten de una misma premisa: la reforma del delito de hurto introducida en el Código Penal, en el verano de 2022, ha sido insuficiente. Desde entonces, quienes cometen un hurto y cuentan con condena previa por tres delitos por sustracción de objetos que suman al menos 400 euros pueden ser condenados a pena de prisión de entre seis y 18 meses.
Los dos partidos plantean ahora suprimir el requisito económico para que en el caso de condena por hurto leve, si se tienen tres antecedentes por delitos contra el patrimonio o el orden socioeconómico, sea de aplicación la pena de prisión de seis a 18 meses (frente a la pena actual de uno a tres meses de multa).
También hay coincidencia a la hora de incorporar un nuevo supuesto de hurto agravado y castigado con la pena de prisión de uno a tres años. Así, añaden un ordinal, el décimo, al artículo 235.1 del CP, para castigar la sustracción de dispositivos tecnológicos, con la vista puesta especialmente en teléfonos móviles y otros aparatos de pequeña electrónica.
Mientras que la PL de Junts establece que será hurto con pena de uno a tres años de prisión el hurto de «dispositivos móviles informáticos o de comunicación, o dispositivos electrónicos o tecnológicos», la del PP lo fija para «dispositivos electrónicos o tecnológicos susceptibles de contener datos o información de carácter personal«. Desde el Grupo Popular aseguran que se justifica así el incremento de la pena, por «la especial protección de los datos contenidos en dichos dispositivos».
Multirreincidencia en caso de estafa leve
Los populares amplían el alcance de la reforma en materia de multirreincidencia a los delitos de estafa. Sus proposiciones establecen que en caso de estafa leve y «con independencia de la cuantía de lo defraudado», si el enjuiciado cuenta con antecedentes penales y todos ellos son por delitos leves, se impondrá pena de prisión de entre seis meses y tres años.
La modificación anterior no consta en la proposición de Junts, por lo que el Grupo Popular en el Congreso la registró para su inclusión mediante una enmienda.
Definiendo el perjuicio grave a ganaderos agricultores
Ausente del texto original, Junts presentó una enmienda a su propia PL. Con ella revisan el artículo 235.1.4º del Código Penal, que en su redacción actual establece que cuando un hurto sea de «productos agrarios o ganaderos, o de los instrumentos o medios que se utilizan para su obtención, siempre que el delito se cometa en explotaciones agrícolas o ganaderas y se cause un perjuicio grave a las mismas», este se castigue con pena de prisión de entre uno y tres años.
La autoenmienda de los de Puigdemont concreta qué se entiende por «perjuicio grave», que queda definido en la enmienda por sustracciones cuyo valor «exceda de 400 euros».
Agravante por multirreincidencia de delitos leves
El Código Penal recoge en su artículo 22 las circunstancias agravantes de la responsabilidad criminal, una serie de condicionantes utilizados para modular las penas impuestas. En el caso de la reincidencia, las tres proposiciones de ley que tramitan las Cortes actualizan lo que se entiende por ser reincidente y lo hacen en el mismo sentido. De esta forma, se pide que los antecedentes correspondientes a delitos leves sí se tengan en cuenta cuando lo que se juzgue sea alguno de los tipos agravados por multirreincidencia de delitos leves.
Por otro lado, las PLs también modifican el artículo 66 del Código Penal, de forma que a la hora de aplicar las penas a delitos, los jueces tengan que hacerlo siguiendo las reglas de observación de circunstancias atenuantes o agravantes, que en estos momentos no se aplican en el caso delitos leves.
A considerar para la suspensión de la ejecución de penas
En su marcaje al delincuente que reincide en delitos leves de hurto o estafa, el PP pide que a la hora de evaluar si se deja en suspenso la ejecución de una pena se tengan en cuenta las condenas por delitos leves que supongan un tipo agravado por multirreincidencia. Este aspecto también se ha registrado como enmienda por el Grupo Popular en el Congreso a la PL de Junts.
Las otras demandas de Junts
Además de a la Ley Orgánica del Código Penal, la PL de Junts afecta a:
- Ley de Demarcación y de Planta Judicial.
- Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).
Real Decreto por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia.
Los independentistas incluyen así en su texto aspectos como una ampliación del número de jueces de adscripción territorial en Cataluña (de 35 a 70), la posibilidad de que entes locales y entidades públicas puedan ejercer la acción penal contra delincuentes reincidentes o la ampliación de la información a incluir en la inscripción tanto de sentencias firmes como de medidas cautelares, donde se pide añadir entre otros datos, la cuantía en euros de los objetos sustraídos en caso de hurtos leves, y que se facilite el acceso al texto íntegro de las sentencias contenidas en los Registros Centrales.
Para ello la formación catalana propone la actualización de los correspondientes artículos de la Ley de Demarcación, la LECRim y el Decreto del Sistema de registros administrativos.
El PP no rechaza que se actualicen otras normas más allá del Código Penal, aunque sí ha registrado las correspondientes enmiendas para que en el caso de los registros administrativos los cambios se tramiten instando al Gobierno, en el plazo de tres meses desde la aprobación de la ley, a modificar el Real Decreto correspondiente. En el caso de los jueces de adscripción territorial, el PP pide que se añada el requisito legal de informe previo del CGPJ, y que se dupliquen los jueves para las CCAA en las que más se haya elevado la multirreincidencia.
¿Qué apoya el PSOE?
El Grupo Socialista en el Congreso apoyó la toma en consideración de las PLs de independentistas y populares. No obstante, la modificación de todo lo que no sea el Código Penal, en general no es vista con buenos ojos por el socio mayoritario del Gobierno. El PSOE tiene registradas cuatro enmiendas enmiendas a la proposición de Junts por las que pretende eliminar los cambios a la Ley de Demarcación y de Planta Judicial y del Real Decreto de registros administrativos. Sí dejan intacta la revisión de la LECrim para que los entes locales puedan ejercer la acción penal contra delitos de hurto.
La posición del resto de grupos parlamentarios
Por su parte, Sumar ha registrado las enmiendas correspondientes para suprimir todo el articulado de la iniciativa legislativa de Junts. En una línea similar, ERC, que se abstuvo en la toma en consideración, también rechaza todas las actualizaciones del Código Penal. Además de Esquerra, se niegan a dar su beneplácito a esta reforma EH Bildu, Podemos y BNG.
El PNV sí ha apoyado la toma en consideración de las iniciativas y en los últimos meses ha manifestado su interés, cuando no preocupación, por el fenómeno de la multirreincidencia. La última, la ya mencionada pregunta hecha por su portavoz, Maribel Vaquero, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso del pasado miércoles, en la que Pedro Sánchez manifestó su deseo de desbloquear y finalizar la tramitación de la proposición de Junts.
Vox, por su parte, comulga con el espíritu y el contenido de las propuestas. Tiene enmiendas registradas para endurecer algo más lo ya planteado por los independentistas y solo pide suprimir lo relativo a