El XIV Foro de las Autonomías examina los retos de la gestión regional en un clima de tensión política en España

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (2d), y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (2i) durante el acto de entrega de llaves de viviendas de alquiler asequible. A 17 de marzo de 2025 en Sevilla, Andalucía (España). (Foto de Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

El próximo martes 8 de julio, el Centro de Estudios Políticos de Madrid será la sede del XIV Foro de las Autonomías, un evento en el que se discutirá el Informe Comunidades Autónomas 2024. Este informe analiza el manejo de competencias y servicios autonómicos, que se ve afectado por un entorno de tensión y agresividad en la política española.

El análisis ha sido realizado por Javier García Roca de la Universidad Complutense de Madrid, Ana Carmena Contreras de la Universidad de Sevilla, y Eduard Roig Molés de la Universidad de Barcelona. Ellos destacan cómo la crispación entre entidades estatales y regionales complica la colaboración interadministrativa.

Según los expertos, la competencia entre los partidos políticos consume el espacio público e impide cualquier forma de acuerdo institucional profundo. Advierten que estamos ante una situación en la que las decisiones gubernamentales están más influenciadas por intereses electorales y enfrentamientos entre partidos, lo que fue evidente en áreas críticas como la gestión de emergencias, la financiación territorial y la recepción de menores migrantes en 2024.

A pesar de estos desafíos, las inversiones y prioridades en infraestructuras han continuado, gracias a un enfoque bilateral. Sin embargo, los encuentros multilaterales como la Conferencia de Presidentes y el Congreso de Política Fiscal y Financiera no logran romper el estancamiento en iniciativas importantes, optando más bien por soluciones temporales en medio de críticas políticas intensas.

La Ley de Amnistía se señala como el punto culminante de la tensión política, lo que ha impactado la operatividad del Congreso y el Tribunal Constitucional, erosionando la confianza en las instituciones. Como contrapunto, los académicos sugieren asegurar la continuidad y estabilidad de la gestión diaria, manteniéndola alejada de los debates políticos más álgidos.

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