El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha reiterado la reclamación “justa” que la Xunta dirige al Gobierno central en relación con la Unidad de la Policía Adscrita, con el objetivo de “prestar los servicios con calidad” y evitar que “en algún momento se resientan” las tareas que ya desempeña, entre ellas la protección de las víctimas de violencia machista.
Cuestionado por las críticas de los grupos de la oposición, que reprochan que advirtiese de que la Policía adscrita podría dejar de asumir funciones “que no sean de competencia autonómica”, como la protección de víctimas de violencia machista, si el Ministerio del Interior no mejora su oferta de financiación, el conselleiro ha reiterado este viernes que se trata de “una postura responsable”.
“La postura de la Xunta vela por los intereses de las víctimas, de los gallegos”, defendió el responsable autonómico con competencias sobre la Policía autonómica. “Me llama la atención que algunos no lo comprendan y pretendan ver en esta postura otro tipo de comportamientos. Deberían de reflexionar sobre su postura y deberían estar apoyando a la Xunta en esta reclamación, porque creo que es justa”, replicó ante los reproches de la oposición.
En declaraciones a los medios antes del acto de entrega de medallas de la Asociación Provincial de Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil en Ourense, Diego Calvo ha remarcado que el Ejecutivo gallego está “dispuesto” a “llegar a un acuerdo” entre “la posición defendida por Galicia y la defendida por el Ministerio” para alcanzar un “punto intermedio”.
Negociación abierta con el Ministerio
La Unidad de Policía Adscrita de Galicia dispone en la actualidad de 338 agentes, con la previsión de cubrir las vacantes hasta completar una plantilla de 500 efectivos. En el modelo vigente, el Estado asume las retribuciones básicas y la Comunidad gallega financia la productividad de los policías y el resto de gastos de funcionamiento de la unidad.
Ahora el Gobierno central plantea que las nóminas se sufraguen al 50% entre ambas administraciones, manteniendo a cargo de la Xunta los costes operativos. Por su parte, el Gobierno gallego propone conservar las condiciones actuales para los agentes ya incorporados, y que las nuevas plazas se financien según los criterios económicos fijados por el Ministerio.
“Estamos dispuestos a llegar a un punto de acuerdo entre la posición defendida por Galicia y la defendida por el ministerio y poder llegar a un punto intermedio y aún así, hasta ahora no tuvimos suerte de convencer al ministerio”, reiteró el conselleiro tras la última reunión mantenida el pasado miércoles con el Gobierno central sobre esta cuestión, un proceso negociador que, según recordó, se prolonga “ya un año y medio”.
“Nos da igual que sea esta semana, la que viene o la siguiente, como si nos dicen que en enero. Si en enero se resuelve lo damos por bien hecho, el caso es poder resolverlo”, ha recalcado, tras insistir anteriormente en la necesidad de que esta negociación “se pueda resolver cuanto antes”.
Diego Calvo ha subrayado que Galicia “está en una situación distinta al resto de comunidades autónomas”, al “prestar servicios que en otras no se están prestando” y, por ello, considera que la financiación de la Unidad de Policía Adscrita “podría ser de otra manera”.
“Hay muchos efectivos dedicados a funciones que no le corresponden”, ha remarcado, avanzando que el Gobierno gallego remitirá una carta al Ministerio para “pedirle una respuesta” a la reunión celebrada esta semana.
La Xunta sostiene que la protección en casos de violencia machista es una competencia de ámbito exclusivamente estatal, si bien desde 2016 existe un acuerdo específico mediante el que Galicia colabora en estas tareas de protección a las víctimas.