El consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, ha aclarado que el lehendakari, Imanol Pradales, “en ningún momento mezcló seguridad e inmigración” cuando reclamó que la Ertzaintza pueda “coparticipar en procedimiento de expulsión de migrantes”, sino que desde el Gobierno vasco diferencian “perfectamente entre la actuación contra la delincuencia y la acogida y facilitación del arraigo”.
En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Zupiria ha explicado la petición que el lehendakari trasladó el pasado martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que la Ertzaintza colabore con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y pueda “coparticipar en procedimiento de expulsión de migrantes”.
El consejero ha insistido en que el lehendakari “en ningún momento mezcló seguridad e inmigración” y ha apuntado que la sociedad vasca reclama ser “duros” con la delincuencia, utilizando “los medios legales y democráticos” disponibles “para hacer este trabajo”. Al mismo tiempo, ha subrayado que la ciudadanía demanda “actuar con humanidad ante los miles de personas que han venido y vendrán a vivir a nuestro país”, lo que implica facilitar su integración “a través del trabajo, la educación, la salud o la vivienda”.
Según Zupiria, “puede dar la impresión o alguien puede querer hacer la interpretación de que el lehendakari se propone expulsar a todo el mundo”, pero “no va por ahí el asunto”. Ha reiterado que “distinguimos perfectamente entre la actuación contra la delincuencia, que tiene que ver con la seguridad, y la acogida y facilitación del arraigo de quienes han venido a vivir entre nosotros”, de modo que se busca ofrecer “la respuesta adecuada” a cada realidad.
Ha recordado que “la expulsión de personas delincuentes que no tienen nacionalidad española, que no tienen una residencia pautada o que no tienen arraigo” está ya prevista en el Código Penal y en reglamentos de la Ley de Extranjería. No obstante, ha señalado que, por ahora, la Ertzaintza “de momento no puede participar porque no se ha reconocido su capacidad o su competencia para ello”.
En su opinión, la Ertzaintza, como “policía integral”, “debe participar” en este ámbito “en la medida en que sea posible sin romper ningún marco constitucional”, aportando la información de la que dispone y ayudando a “facilitar algunos procesos”.
MÁS RECURSOS Y COORDINACIÓN
Respecto a la reunión con Sánchez, Zupiria ha explicado que el lehendakari abordó la seguridad desde “una doble vertiente”: por un lado, atendiendo “a aquellos aspectos que mayor interés y preocupación generan a la ciudadanía vasca” y, por otro, desde la óptica “de discurso político de un gobierno que quiere que Euskadi sea cada vez más país y tenga cada vez más recursos de autogobierno para responder a las necesidades de la sociedad”.
Tras admitir que en 2024 se produjo “un incremento considerable del número de delitos en Euskadi, también en el contexto español y en Europa”, ha resaltado que “el elemento principal que ha permitido que el año 2025 haya habido una estabilización en el número de delitos ha sido la colaboración entre la Ertzaintza y las policías locales de Euskadi”.
Ha mencionado asimismo “otras cuestiones” que ayudarían a ser “más eficaces de cara a hacer frente al problema de la delincuencia”, entre ellas “la celebración de juicios rápidos, para que ni la población ni los delincuentes piensen que quien comete un delito puede gozar de impunidad”. En este marco sitúa la petición del lehendakari de crear nuevos juzgados en Euskadi que “faciliten o aceleren la organización y celebración de esos juicios rápidos”.
Zupiria ha planteado que “hay también algunas modificaciones legales que se podrían realizar en diferentes aspectos de la normativa actual” y ha abogado por estrechar “la colaboración entre la Ertzaintza y la Policía Nacional” para que, cuando la Policía autonómica detenga a una persona “de origen extranjero y sin arraigo” por un presunto delito, el intercambio de información sea “más fluido y más fácil”.
El consejero ha indicado que en el último año se ha registrado “un número importante de detenidos e investigados que se corresponden con un perfil de personas no arraigadas y, en algunos casos, con personas que son delincuentes profesionales”, lo que obliga, a su juicio, a “no estigmatizar”, pero sí “identificar dónde estamos teniendo el problema y actuar quirúrgicamente ante esos casos”, utilizando “la acción policial, la legislación en vigor y la colaboración con jueces y fiscales”.
Ha advertido de que en determinadas detenciones “se producen detenciones que necesitan de una confirmación de la identidad de la persona detenida y eso exige el acceso a una serie de bases de datos a los que la Ertzaintza hoy no puede acceder”. Por ello, considera que “el despejar pues ese tipo de procedimientos sería importante para aumentar la eficacia de las actuaciones policiales contra la delincuencia”.
En esta línea, ha explicado que la celebración de un juicio rápido “exige que la Ertzainza haga bien su atestado e identifique perfectamente a las personas que luego tienen que participar en ese juicio”, y, además, “una predisposición por parte de Fiscalía y juez a celebrar cuanto antes, con todas las garantías, ese juicio”.
Ha valorado que “la colaboración que está existiendo entre Judicatura, Fiscalía y Ertzaintza en Euskadi está resultando eficaz”, pero ha reconocido que los juzgados “están llenos de trabajo, y en muchos casos superados”, por lo que introducir más juicios rápidos “sin dar la posibilidad de que los juzgados cuenten con más medios es plantear una exigencia” que debe afrontarse con “la creación de nuevos juzgados”.
Sobre los cambios normativos, ha recalcado que deben abordarse “con mucha precisión, porque se trata de identificar aquellos cambios legales que luego vayan a ser eficaces”. A su entender, “no es cambiar la ley, sino analizar bien en qué sentido se puede realizar ese cambio legislativo”.
Entre los aspectos a revisar, ha mencionado la conveniencia de contar con “una normativa más estricta con respecto al porte y al uso de armas blancas” y ha apuntado que “elevar la gravedad de algunos delitos podría facilitar el trabajo para hacer frente a la reincidencia o a la reiteración delictiva”.
En relación con la multirreincidencia, ha señalado que en muchos procedimientos la Ertzaintza concluye que los delitos son obra de “un número no muy amplio de personas, delincuentes profesionales y de todas las nacionalidades y orígenes, también mucho vasco y mucho español”. Ha advertido de que “la lista de delitos que presuntamente han cometido estas personas es larga y si el momento en el que se tienen que enfrentar a la justicia se demora durante tres o cuatro años, estas personas, que son delincuentes profesionales, siguen cometiendo delitos, generan una sensación de inseguridad y, además, crean un problema de seguridad”.
Por ello, ha defendido que “todas las medidas que podamos abordar para identificar bien a estas personas, para tener todos los recursos necesarios para hacer frente a esta delincuencia y luego que los jueces y fiscales adopten las medidas correspondientes, repercutirá en una mejor sensación de seguridad”.