La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente ha lanzado dos líneas de ayudas extraordinarias para cultivadores de pera y remolacha azucarera en La Rioja, con un fondo total de 927.000 euros. Estas subvenciones buscan paliar la disminución de rentabilidad causada por problemas fitosanitarios que han afectado a estas producciones en la actual campaña 2025.
Con estas convocatorias, el Gobierno de La Rioja cumple con el compromiso establecido en julio pasado tras la revisión del Plan Estratégico de Subvenciones, destinado a enfrentar los desafíos fitosanitarios que amenazan la sostenibilidad y economía de los cultivos esenciales para la región.
Publicado hoy, 28 de octubre, en el Boletín Oficial de La Rioja, el anuncio incluye las bases reguladoras y el llamado a la presentación de solicitudes para ayudas directas en régimen de mínimis. Estas están diseñadas para cubrir el coste adicional de los tratamientos preventivos contra el fuego bacteriano y promover prácticas agrícolas adecuadas en el cultivo de la pera.
La ayuda disponible para los productores de pera asciende a 740.000 euros, con una subvención de 400 euros por hectárea, destinada a titulares de explotaciones agrícolas que demuestren haber implementado medidas preventivas contra el fuego bacteriano y cumplan con los criterios de la orden reguladora. El plazo para presentar las solicitudes es de diez días hábiles tras la publicación en el BOR.
Para el sector de la remolacha azucarera, se han destinado 187.000 euros para apoyar a 61 productores que gestionan 456 hectáreas, también con una ayuda de 400 euros por hectárea. Este apoyo se otorgará directamente a los agricultores riojanos en función de la superficie cultivada en esta campaña.
Representantes de los productores de remolacha, como la Cooperativa El Cierzo y Arag-Asaja, han comunicado a la Consejería las dificultades enfrentadas este año, incluyendo una caída en la producción y el contenido de azúcar, parcialmente debido a la amarillez virótica, agravada por la prohibición de neonicotinoides, que ha dejado al sector sin un tratamiento efectivo.
Con estas medidas, el gobierno regional busca compensar la reducción de ingresos debido a la caída de precios en los contratos de esta cosecha, originada por los problemas actuales en la producción.