Entre 500 agricultores, según datos oficiales, y 1.000, de acuerdo con el recuento de los convocantes, se han concentrado hoy en Castilla y León para denunciar la "especulación feroz" de las multinacionales, a las que responsabilizan de haber disparado los costes de producción, sobre todo del gasóleo y los fertilizantes, tras el conflicto de Irán. Reclaman la adopción de medidas "urgentes y ayudas directas" que permitan contener esta escalada.
El presidente autonómico de Asaja, Donaciano Dujo, ha resumido el malestar del sector con una idea que se repite entre los profesionales: "La sensación que todos tenemos cuando estamos en el tractor es que estamos perdiendo dinero". En esta segunda jornada de protestas conjuntas de Asaja, UCCL y la Alianza UPA-COAG, las organizaciones han entregado escritos tanto en la Delegación del Gobierno como en la Consejería de Agricultura para trasladar formalmente sus demandas.
Dujo ha reclamado al Gobierno que actúe para frenar la "especulación" de las grandes compañías, a las que acusa de "enriquecerse a costa de empobrecer al sector" tras encarecer el gasóleo y los insumos entre "un 40 y un 50 por ciento". Ha calculado que este incremento supone entre "15.000 y los 30.000 euros" de sobrecoste por explotación en la Comunidad, en función de su dimensión. "La sensación que todos tenemos cuando estamos en el tractor es que estamos perdiendo dinero", ha reiterado, advirtiendo de que este escenario pone "en riesgo" el acceso de los consumidores a alimentos de calidad.
En este marco, el dirigente agrario ha pedido un alivio fiscal que permita oxigenar la tesorería de las explotaciones. Ha cuestionado que tenga "sentido" que el Ejecutivo siga recaudando a través del IVA o de los impuestos sobre hidrocarburos mientras el campo se enfrenta "a la ruina".
Las organizaciones han insistido además en la urgencia de un plan específico para el cereal, al que consideran el sector "más castigado" tras la guerra en Ucrania. Han recordado que Castilla y León es el "granero de España" y que el cerealista necesita "un apoyo decidido para evitar su desaparición" ante el actual contexto de precios internacionales.
El coordinador regional de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), Jesús Manuel González Palacín, ha alertado de que las explotaciones de la Comunidad atraviesan una "crisis sin precedentes". Ha descrito una situación de "extrema gravedad", con un incremento del 60 por ciento en el gasóleo agrícola y de más del 40 por ciento en los fertilizantes "en menos de 20 días", y ha reclamado una ley que ponga coto a la "especulación" de quienes, a su juicio, se están enriqueciendo "a manos llenas" con productos comprados hace meses.
En esta línea, ha defendido que esa futura normativa tenga "un carácter disuasorio" para que "no resulte rentable especular" con los costes de producción, lamentando que los fallos del Tribunal de la Competencia lleguen con años de retraso. Al mismo tiempo, ha vuelto a exigir ayudas "directas y rápidas" que permitan a los agricultores "seguir sembrando y evitar la paralización de las explotaciones", advirtiendo de que, si no se actúa, se producirá "una desincentivación de la producción" porque los profesionales "no están dispuestos a producir pérdidas ni a arruinarse en el empeño".
UCCL ha puesto sobre la mesa también la necesidad de un gran acuerdo que implique a toda la cadena de valor: distribución, industria y productores. Según González Palacín, este pacto serviría para repartir responsabilidades y garantizar el suministro de alimentos, un objetivo que, ha remarcado, exige que todas las administraciones "estén a la altura de las circunstancias".
El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) en Castilla y León, Aurelio González, ha respaldado estos planteamientos y ha pedido al Ministerio de Agricultura que asuma el "sobrecoste de 50 céntimos por litro" del gasóleo desde el inicio del conflicto en Irán "mediante la devolución de dicho importe sobre facturas reales de compra". Ha apelado a la colaboración entre el Gobierno central y la Junta para financiar el paquete de medidas, recordando que las comunidades autónomas ingresan el 60 por ciento de los impuestos sobre carburantes.
UPA ha reclamado igualmente la apertura de líneas de crédito con interés cero y bonificaciones de capital para mitigar el impacto del encarecimiento de los insumos y los fertilizantes necesarios para las labores de primavera, que, según González, están "arruinando" al sector. En el plano normativo, las organizaciones han urgido a los partidos a alcanzar un "consenso" para aprobar una ley que prohíba la especulación con productos alimentarios y energéticos en contextos de crisis internacionales. Han subrayado que el campo vive un momento crítico por la especulación "feroz" coincidiendo con el inicio del regadío y la preparación de cultivos como el girasol, lo que exige una reacción inmediata de todos los poderes públicos.
Sobrecoste millonario y respuesta de las administraciones
Desde COAG, Lorenzo Rivera ha puesto cifras al problema al denunciar que el alza del gasóleo y los fertilizantes genera un sobrecoste de un millón de euros al día para los profesionales de Castilla y León. Han detallado que, a escala estatal, el impacto diario asciende a 2,4 millones de euros. En esta línea, ha señalado que la Comunidad es la región con mayor consumo de estos insumos, con una repercusión de unos 80 euros por hectárea que, sumada al coste de los abonos complejos, eleva la factura hasta los 100 euros por hectárea.
Por este motivo, han reclamado al Ministerio de Agricultura ayudas directas calculadas a partir del histórico de consumo real, y han tildado de claramente insuficientes las propuestas anteriores de 20 euros por hectárea. "Con eso no vamos a ninguna parte", han avisado, proponiendo que el próximo Consejo de Ministros extraordinario dé luz verde a subvenciones que compensen el encarecimiento actual de los medios de producción.
Las organizaciones han recordado también que las administraciones tienen una implicación directa en la fiscalidad de los hidrocarburos. Según sus cifras, de cada 100 euros gastados en gasóleo, las comunidades autónomas ingresan 26 euros y el Estado 19 euros, por lo que han pedido a ambas instancias "coordinarse para articular medidas de apoyo y exenciones fiscales para los profesionales".
En el ámbito comunitario, han planteado la necesidad de una estrategia europea que garantice el suministro de fertilizantes y reduzca la dependencia exterior, así como la recuperación de mecanismos como el "tope al gas" aplicado al petróleo y a los abonos. A su juicio, la producción agroalimentaria europea está "en peligro" si no se aseguran estos insumos básicos.
Por último, han mencionado la reciente sanción de 20,5 millones de euros impuesta por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) a Repsol por "prácticas desleales" tras el estallido de la guerra de Ucrania. Han insistido en que las denuncias sobre "especulación feroz" no son "infundadas" y han reclamado "mayor vigilancia ante los beneficios extraordinarios de las grandes operadoras" mientras el sector primario afronta "pérdidas".