Agricultores de Extremadura llevarán a cabo los días 10 y 11 de febrero una marcha de protesta desde la localidad cacereña de Trujillo hasta el Palacio de la Moncloa, en Madrid, para dejar claro su “firme posicionamiento” frente al acuerdo de Mercosur, al que califican de “altamente perjudicial” para el campo y la ganadería.
El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, detalló en rueda de prensa este martes que su organización se suma a la movilización impulsada por La Unión. Al mismo tiempo, valoró que el Parlamento Europeo haya remitido el acuerdo de Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya que, más allá del fallo definitivo, este paso “permite paralizar y dilatar en el tiempo la entrada en vigor de un acuerdo que amenaza gravemente al sector agrario”.
En este contexto, Metidieri instó al Gobierno de España a que “respete las decisiones democráticas” emanadas del Parlamento Europeo, advirtiendo de que cualquier intento de dejarlas al margen supondría una “grave vulneración” de los principios democráticos.
Tras el “éxito” de las tractoradas celebradas en las dos últimas semanas por las organizaciones agrarias, Apag Extremadura Asaja considera “imprescindible mantener la presión”. Por ello, el 10 de febrero arrancará una marcha lenta en caravana de vehículos agrícolas desde Trujillo hasta Moncloa, pendiente todavía de las autorizaciones de las distintas delegaciones del Gobierno.
Esa misma jornada está previsto entregar la tabla de reivindicaciones tanto en Moncloa como en el Congreso de los Diputados, con la finalidad de “exigir un posicionamiento claro de los distintos grupos políticos en defensa del sector agrario”, según recoge la organización en una nota de prensa.
El 11 de febrero, Apag Extremadura Asaja se sumará a la manifestación convocada en Madrid, reforzando así una protesta que señala de forma directa la “capacidad del Gobierno de España para vetar acuerdos como el de Mercosur” y “frenar propuestas lesivas” como la actual reforma de la Política Agraria Comunitaria, cuya vuelta a sus planteamientos iniciales reclama la organización.
Además, Apag Extremadura Asaja exige al Ejecutivo central que “cumpla los compromisos adquiridos”, entre ellos los 370 millones de euros comprometidos para cultivos permanentes, recogidos en el BOE del 2 de abril del año pasado y que, “a día de hoy, siguen sin materializarse”.
En virtud de la Ley 1/2025 de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario, se contemplaba un fondo de 370 millones de euros –285 millones para olivar de secano y 85 millones para viñedo de secano– dirigido a las explotaciones profesionales más castigadas por la sequía y por el incremento de los costes tras la invasión rusa de Ucrania.
“La lucha continúa, porque el futuro del campo no puede seguir guardado en el cajón del olvido”, concluyó Metidieri.