El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación reiteró este miércoles en Madrid su intención de seguir defendiendo los intereses del sector lácteo durante la reunión de la sectorial de vacuno de leche, un encuentro en el que las organizaciones agrarias reprocharon al Gobierno que se haya puesto “de perfil” ante las recientes negociaciones de precios y la firma de nuevos contratos por parte de la industria, que consideran ilegales.
La directora general de Producciones y Mercados Agrarios, Elena Busutil, y el director general de Alimentación, José Miguel Herrero, presidieron la reunión, en la que participaron representantes de todos los eslabones de la cadena láctea y se revisó la coyuntura actual del vacuno de leche y sus perspectivas a corto plazo.
Durante la sectorial, el Departamento que encabeza Luis Planas apeló a la “prudencia” de todos los agentes y subrayó la relevancia de una “correcta aplicación” del paquete lácteo y de la Ley de la Cadena Alimentaria para asegurar la “máxima transparencia” en las relaciones comerciales y un reparto equilibrado de los costes a lo largo de la cadena.
En el ámbito de la supervisión, el Gobierno recordó que desde la creación de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y hasta el 31 de diciembre de 2025, el lácteo es el segundo sector más controlado, con 1.364 inspecciones, el 16,22% del total. Además, avanzó que la AICA intensificará la vigilancia sobre los operadores y remarcó que se pueden presentar denuncias por posibles incumplimientos, con plena confidencialidad.
En la reunión se expusieron también los últimos datos del vacuno de leche, que reflejan una evolución estable, con un aumento del 1,6% en la producción en los primeros meses de 2026, tras la leve caída registrada en 2025.
Los precios percibidos por los ganaderos españoles se mantienen en niveles favorables y por encima de la media de la Unión Europea (UE). No obstante, se advirtió de la incertidumbre derivada del contexto geopolítico, que está presionando al alza los costes de alimentación y de energía.
Tras varios años de relativa estabilidad de costes, en los últimos meses se ha detectado un repunte en la alimentación animal y un aumento notable de los gastos energéticos, en línea con la evolución internacional.
En cuanto a las cotizaciones, los precios abonados a los ganaderos han mostrado un comportamiento positivo a lo largo de 2025 y en el arranque de 2026, situándose incluso por encima de la media comunitaria, en torno a 0,53 euros por litro frente a los 0,44 euros/litro de la UE en enero de 2026. El precio en España se coloca así un 16% por encima de la media europea, algo que el Ministerio vincula al incremento de la producción en otros Estados miembros y al uso en España de herramientas como el paquete lácteo y la ley de la cadena alimentaria.
Agricultura subraya que, aunque los datos de precios son favorables, el escenario internacional, marcado por previsibles aumentos de costes y por la inflación, puede tener un impacto relevante sobre el vacuno de leche.
El Departamento puso igualmente en valor el papel de las organizaciones interprofesionales, en especial de la Organización Interprofesional Láctea (Inlac), como pieza clave para reforzar la vertebración del sector, facilitar el diálogo entre los distintos eslabones y articular respuestas conjuntas ante las tensiones del mercado.
También destacó la utilidad de instrumentos como las extensiones de norma y los contratos tipo homologados para afianzar la estabilidad, la transparencia y el equilibrio en las relaciones comerciales.
Con todo ello, el Ministerio de Agricultura volvió a insistir en su compromiso de seguir defendiendo los intereses del sector lácteo nacional.
LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS PIDEN INVESTIGAR LOS CONTRATOS
En paralelo, las organizaciones agrarias expresaron su malestar por lo que perciben como una sensación generalizada de abandono por parte de la Administración, al considerar que el Ministerio se ha puesto de perfil y les ha dejado “indefensos y desprotegidos” en un momento “crítico” para la ganadería de leche.
Asaja y COAG denunciaron al término de la reunión que Agricultura ha optado por no intervenir mientras la industria láctea mantiene una posición de fuerza que bloquea cualquier negociación real. “Una vez más, la industria impone y no negocia. Y cuando alguien impone, las cosas no pueden ir bien”, afirmó el presidente de la sectorial de leche de Asaja, Ramón Artime.
La organización alertó de que las nuevas propuestas contractuales contemplan recortes de entre 8 y 9 céntimos por litro, muy por encima de lo que el sector consideraba asumible. “Todos esperábamos una bajada, pero racional, de 2 ó 3 céntimos. Lo que se plantea ahora es inasumible”, recalcó Artime.
En la misma línea, el secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, reclamó a la Aica y al Ministerio “actuaciones rigurosas y ejemplarizantes” ante lo que interpreta como abusos por parte de las industrias lácteas.
Unións Agrarias sostiene que la imposición de contratos por parte de las compañías, con una rebaja generalizada de 8 céntimos por litro en un contexto de encarecimiento de los costes de producción, “atenta contra la legalidad vigente”, por lo uqe insta al Ministerio a “tomar cartas en el asunto”.
En términos similares se pronunció Isabel Vilalba, ganadera de leche en Galicia y miembro del Sindicato Labrego, quien denunció que los últimos contratos de adhesión del sector productor a la industria que se han impuesto de “manera unilateral tendrían que ser considerados ilegales”, por lo que reclama que la AICA los investigue, al no haberse garantizado en ningún momento una negociación real por parte del productor.
“De hecho, hay ganaderías hoy en Galicia que están tirando la leche, porque al no firmar caídas de 7 céntimos y de 8 céntimos en muy pocos días, cinco días nos han dado de margen para esto, cuando la ley indica que si no quieres recoger la producción en granja, es un anuncio de dos meses. Estamos totalmente desprotegidos e indefensos”, ha indicado.
Ante esta situación, las organizaciones agrarias avisan de que, si no se corrige esta deriva, el sector lácteo español afrontará un deterioro progresivo que comprometerá su viabilidad económica y su papel estratégico en el medio rural, como ya evidencian algunos casos de granjas gallegas obligadas a tirar la leche.