El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) prevé modificar el Real Decreto 666/2023, que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios, con el fin de que los profesionales puedan recetar fármacos "siempre sobre la base de su juicio clínico" y "cuando concurran circunstancias clínicas no previstas" en la autorización de comercialización o en el registro del producto.
Esta propuesta figura en el borrador que Agricultura ha sometido a audiencia e información pública desde este viernes y hasta el 19 de febrero. Para la Organización Colegial Veterinaria Española (OCV), el documento atiende una de las reivindicaciones históricas del colectivo: la libertad de prescripción.
El texto remitido por el Ministerio establece que los medicamentos veterinarios deberán recetarse y utilizarse conforme a los términos fijados en la autorización de comercialización o en el registro. No obstante, el veterinario podrá adaptar el tratamiento para asegurar "un efecto suficiente con el menor riesgo posible de aparición de acontecimientos adversos", priorizando la protección del bienestar físico del animal.
Esta reclamación de libertad de prescripción había generado un fuerte enfrentamiento entre el sector y Agricultura desde la entrada en vigor, en 2025, de varios preceptos del Real Decreto que afectaban a los veterinarios de animales de compañía. Desde entonces se han organizado diversas protestas en todo el país para exigir cambios o la retirada de la norma. La más reciente se celebró en noviembre, con una cacerolada ante la sede del Ministerio.
Cesión de medicamentos sin beneficio económico
Otro de los puntos sensibles para los veterinarios ha sido la posibilidad de ceder medicamentos desde las clínicas, cuestión que preocupaba a muchos propietarios de mascotas ante el riesgo de demoras en el acceso a los tratamientos si no podían obtenerse directamente en el centro veterinario.
En este ámbito, el borrador permite la entrega de medicamentos sin ánimo de lucro por parte del profesional prescriptor al dueño del animal. El objetivo es garantizar la continuidad del tratamiento cuando existan dificultades específicas para acceder a la medicación o, en el caso de animales de compañía, para completar el tratamiento.
La OCV critica, sin embargo, que se mantenga en la definición la obligación de que dicha cesión sea sin ánimo de lucro y que no se incluya a los animales de producción, algo que, según la organización, "establece una diferencia de trato no justificada en modo alguno".
“Ligera modificación” en la comunicación de recetas
También ha sido motivo de fricción la "carga burocrática" que, según los veterinarios, implicaba el registro de sus recetas en la base de datos Sistema Informático Central de Control de Prescripciones Veterinarias de Antibióticos (PRESVET).
La nueva redacción pretende reducir los trámites derivados de PRESVET y simplificar el sistema de notificación de recetas, rebajando algunos requisitos. Entre otras cuestiones, plantea que, en las recetas de antibióticos para botiquín, el veterinario sólo tenga que indicar la cantidad total estimada para el tratamiento.
Además, propone que los profesionales queden exentos de comunicar las recetas de animales de producción cuando se trate de prescripciones sin dispensación. Para la OCV, estas variaciones se limitan a "simplificar ligeramente" el modelo, ya que "mantiene la mayoría de los requerimientos a diferencia del resto de países europeos y duplicando la carga burocrática de los profesionales".
"Pese a estar totalmente comprometidos con las políticas de lucha frente a las resistencias a los antibióticos, los datos de dispensación, que ya son recogidos a través del sistema ESUAVet, reflejan mejor el uso de antimicrobianos que los de prescripción y son, por tanto, más útiles en el seno de las políticas sanitarias frente a esta problemática", ha recalcado.
A juicio de la organización, el sector veterinario en España mantiene unas resistencias antimicrobianas bajas y controladas, "fruto de una práctica responsable y comprometida con las políticas One Health". "Es necesario que las administraciones permitan a los profesionales sanitarios dedicar más tiempo a la asistencia de los pacientes que a cargas burocráticas duplicadas, algo por lo que ya se lucha desde las instituciones europeas", ha incidido Moreno del Val.
Restricciones al uso de antimicrobianos
La OCV también cuestiona que el proyecto de Real Decreto mantenga "limitaciones" al uso de antimicrobianos, aunque valora positivamente que se abra la puerta a emplearlos con fines profilácticos y metafilácticos y que se prevea la aplicación de los Protocolos de tratamiento aprobados en el marco del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN).
La organización destaca igualmente que Agricultura incorpore la opción de que un veterinario autorice el uso de medicamento sobrante de una receta anterior en animales de producción. El texto aclara que dicho fármaco deberá conservarse en su envase original, en la misma explotación y bajo las condiciones de conservación previstas. Este punto excluye, no obstante, a los piensos medicamentosos para animales de producción. "Contribuye a una práctica más racional y eficiente", ha destacado la OCV.
La patronal veterinaria se distancia de la OCV
La Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE) ha manifestado este viernes su desacuerdo con la valoración de la OCV y ha acusado a la organización colegial de optar por "defender cambios cosméticos" y de "posicionarse públicamente" contra la derogación de la Ley del Medicamento.
"Esta postura se ha materializado en reuniones bilaterales con responsables del MAPA al margen de las reivindicaciones mayoritarias del sector, así como en el respaldo a una sucesión de notas interpretativas que no resuelven la inseguridad jurídica ni los problemas operativos del texto normativo", ha denunciado.
Asimismo, CEVE reprocha que sus aportaciones, "orientadas a una reforma profunda y técnicamente sólida, hayan sido ignoradas de manera reiterada". A su entender, "esta dinámica evidencia una falta de voluntad real para afrontar los efectos negativos del RD 666/2023 sobre los veterinarios independientes, el sector empresarial y el conjunto del sistema de atención sanitaria animal".
La patronal insiste en su rechazo al proyecto, que, a su juicio, "no corrige los problemas estructurales planteados en el Real Decreto 666/2023", sino que "agrava el daño al sector y a la salud pública". Considera que "(las modificaciones planteadas) se limitan a introducir ajustes formales y nuevas interpretaciones que perpetúan un modelo fallido".
Según CEVE, reclamar la derogación total de la Ley del Medicamento en lugar de una simple reforma "no es una posición maximalista, sino una conclusión técnica basada en la experiencia acumulada desde su aplicación". "Mantener la norma, aunque sea parcialmente retocada, prolonga un escenario de bloqueo que perjudica tanto a los profesionales como a la ciudadanía", ha advertido.