La titular de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, ha destacado la importancia de una cooperación estrecha para desarrollar un plan integral que combata la peste porcina africana. Subraya la necesidad de implementar tanto la vigilancia activa como la pasiva, mejorar la bioseguridad y establecer incentivos que promuevan la participación del sector cinegético en la caza regulada del jabalí, principal transmisor de esta enfermedad.
Antes de su intervención en el Foro de Sanidad Animal, Manzanos señaló que aunque la reunión originalmente se convocó para discutir sobre la dermatosis nodular contagiosa, se ajustó la agenda tras detectarse casos de peste porcina africana en Cataluña. Afirmó que es crucial incrementar cualquier medida preventiva para evitar la propagación de la enfermedad y que podría afectar gravemente a la economía de La Rioja, una región con una prominente industria ganadera.
En relación con la peste porcina africana, la consejera ha querido tranquilizar a la población asegurando que “es imposible que contagie al ser humano por contacto ni por ingestión”. A pesar de que esta enfermedad no afecta a los humanos, sí tiene consecuencias serias entre los animales.
En La Rioja, se cuenta con 185 unidades de ganado porcino en 85 explotaciones, y más del 73% de estas son de cebo. De persistir los contagios, las repercusiones económicas serían significativas, limitando la capacidad de exportar y comercializar productos a otros países.
Con respecto a la caza del jabalí, Manzanos apuesta por ofrecer incentivos para que el sector cinegético colabore con medidas controladas de caza. En áreas reservadas, se propondrá una tasa cero para la caza del jabalí y se ofrecerán bonificaciones a los cotos que aumenten sus capturas fuera de estas zonas.
Finalmente, en cuanto a la dermatosis nodular contagiosa, se ha decidido flexibilizar las restricciones previas dado que la situación en Cataluña parece estabilizarse y se ha logrado un alto nivel de vacunación. Esto incluye la modificación de la resolución que prohibía traslados no directos de granja a granja, permitiendo ajustar estas medidas según la aceptación del sector.