Las asociaciones agrícolas COAG Andalucía, Asaja Andalucía, UPA Andalucía y el Grupo Remolachero de Sevilla han expresado su malestar por lo que consideran una “la traición” de AB Azucarera hacia el sector remolachero en Andalucía, acusándola de abandonar a los agricultores, semillistas y maquileros que ya estaban organizando la siembra de otoño. Estas organizaciones han planteado la posibilidad de un boicot a los establecimientos de Primark en Jerez de la Frontera, donde la planta de Azucarera no procesará remolacha en 2026.
En una declaración conjunta, lamentaron “el incumplimiento del compromiso” de AB Azucarera con más de 500 agricultores de remolacha, quienes tienen listas más de 4.000 hectáreas para la siembra otoñal. Esta superficie incluso supera la demandada por Azucarera para mantener operativa la recepción del cultivo y cumplir con el compromiso agroambiental quinquenal que todavía tiene dos años por delante.
Las asociaciones criticaron que, a pesar del incentivo de 300 euros por hectárea que ofrece la Junta de Andalucía para fomentar la siembra de remolacha, Azucarera ya había decidido otro camino que “pasa por dar la espalda al campo andaluz”, manteniendo activa su fábrica en Toro (Zamora) y relegando la de Guadalete a refinar azúcar de caña importada. Según las asociaciones, esta estrategia permite a Azucarera ahorrarse más de dos millones de euros por campaña a costa de las ayudas europeas, lo que beneficia a los agricultores del norte de España y perjudica a los remolacheros andaluces.
Finalmente, las asociaciones agrarias han urgido a Azucarera a “rectificar de inmediato” y a iniciar negociaciones serias y transparentes, aprovechando la colaboración ofrecida por la Junta para asegurar el futuro del cultivo de remolacha en la región. De no ser así, han advertido que podrían iniciar una campaña de boicot a Primark, ya que si esta empresa rechaza su remolacha, también podrían dejar de aceptar el dinero de los consumidores andaluces.
Además, han destacado que la remolacha es un cultivo vital para la economía rural, especialmente en zonas como la Campiña de Cádiz o el Bajo Guadalquivir, donde su desaparición no solo significaría una pérdida productiva, sino también un duro golpe para el tejido rural y la estabilidad de muchas familias y explotaciones agrícolas.