El portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha responsabilizado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de intentar “acabar” con la pesca artesanal valenciana y del resto de España mediante una normativa que ha calificado de “hecha por extraterrestres”.
Barrachina se ha pronunciado así en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, tras ser cuestionado por la crisis que atraviesa el sector y después de mantener en la misma jornada una reunión con los presidentes provinciales de las cofradías de pescadores.
Según ha explicado, la nueva regulación sobre pesca artesanal “obliga a amarrar definitivamente” a esta flota, al exigir que los pescadores, “cuando están en alta mar, en el momento de la pesca, se produzca el pesaje de cada una de las hasta 200 especies” existentes. Ha remarcado que el pesaje debe hacerse “desde el primer gramo, el pesaje en alta mar, en lugar de en tierra firme, en la lonja”.
Además, ha señalado que, de acuerdo con la norma del Gobierno, ese pesaje “debería ser comunicado con dos horas y media” antes de la llegada a puerto. Esto implicaría, ha apuntado, que “los pescadores valencianos que esta mañana se han levantado a las cuatro y media de la mañana, cuando terminen de faenar, deberían estar aguardando la cola dos horas treinta minutos en alta mar para hacer la comunicación de lo que han pescado a tierra firme, lo cual es inviable”.
“No pueden, por tanto, estar dos horas y media esperando”, ha reiterado, subrayando que también resulta “impracticable e inviable” que, mientras faenan, los marineros “se dediquen a pesar en básculas” en medio del oleaje y de las condiciones cambiantes del mar.
A su entender, “Pedro Sánchez persigue que el pescado del Mediterráneo que consumen los valencianos venga de Marruecos, que no tiene ninguna limitación para pescar las mismas especies que pescan los barcos artesanales españoles”.
El conseller ha reafirmado su respaldo a la flota de la Comunitat Valenciana: “Queremos que sigan faenando y que sigan pescando y, por tanto, pedimos al Gobierno de España que rectifique y que esta exigencia absolutamente absurda sea retirada”, y ha manifestado su apoyo al paro que el sector iniciará a partir del próximo lunes.
“Lo que están haciendo con los pescadores valencianos como con los agricultores y con los ganaderos hasta ahora es verdaderamente absolutamente injustificable”, ha concluido.
Peticiones del sector y críticas a la nueva normativa
Tras el encuentro con los representantes de las tres Federaciones de Cofradías de Pescadores de la Comunitat Valenciana, y mediante un comunicado, Barrachina ha denunciado la “desconexión con la realidad” del Gobierno por “trasladar sin matices la nueva normativa europea”, una regulación que el sector pesquero valenciano percibe como una sobrecarga burocrática y que “amenaza” con comprometer la viabilidad de la flota de pequeña escala.
El conseller ha reclamado al Ministerio la paralización inmediata de los aspectos más estrictos de la nueva norma, entre ellos el Diario Electrónico de a Bordo (DEA), que, a su juicio, “ahoga” al sector, así como la aplicación efectiva de la moratoria anunciada, con el objetivo de “evitar un perjuicio irreversible” para la actividad pesquera.
En particular, ha pedido que se suspenda la obligación de notificar con 2,5 horas de antelación la llegada a puerto detallando las capturas, un requisito que el sector considera “imposible” de asumir en el litoral valenciano por la cercanía de los caladeros y la rapidez con la que se desarrolla la faena diaria en el Mediterráneo.
“No se puede aplicar una política de despacho sin tener en cuenta la realidad de nuestros puertos”, ha señalado Barrachina, que ha reclamado una aplicación más flexible y adaptada de la normativa europea, de forma que se garantice el control de las capturas sin asfixiar a un sector que considera estratégico para la Comunitat Valenciana.
Asimismo, ha recordado que el reglamento europeo de control pesquero contempla la posibilidad de modular los plazos de notificación según la distancia a puerto y el tipo de actividad, por lo que ha insistido en que “España tiene margen legal suficiente para defender a su flota si existe voluntad política”.
Ha subrayado que la pesca valenciana es, en su mayoría, artesanal, sostenible y de pequeña escala, y que cumple las exigencias medioambientales y de trazabilidad. En este contexto, ha advertido de que “una aplicación rígida del DEA puede provocar el amarre de embarcaciones, la pérdida de empleo y la sustitución del pescado local por importaciones procedentes de terceros países con menores exigencias”.
En cuanto a los datos del sector, ha detallado que la flota valenciana capturó el pasado año 12,8 millones de kilos de pescado, con un valor en lonja de 69,5 millones de euros. Respecto al respaldo del Consell, ha precisado que la inversión destinada a modernizar infraestructuras pesqueras y lonjas alcanzará los seis millones de euros en 2026.