El Gobierno de Cantabria ha reclamado este viernes ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) un reparto “justo” de las ayudas, la adopción de medidas específicas frente a la dermatosis nodular y mayores garantías para el sector lácteo.
La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, ha expuesto las principales demandas de la comunidad en la Conferencia Sectorial de Desarrollo Rural, el Consejo Consultivo de Política Agrícola y el Consejo Consultivo de Política Pesquera para Asuntos Comunitarios, poniendo el foco en el impacto de la crisis internacional derivada de la guerra en Irán sobre el sector primario.
Susinos ha valorado positivamente el decreto-ley que desarrolla el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, aunque ha advertido de que “vuelve a dejar fuera a realidades productivas clave de la Cornisa Cantábrica”.
En este contexto, ha explicado que las ayudas a superficies agrarias por el encarecimiento de los fertilizantes, dotadas con 500 millones de euros, excluyen los pastos, tanto permanentes como temporales, a pesar de que en Cantabria también se fertilizan y son una pieza básica de su modelo productivo.
De acuerdo con sus cálculos, en la comunidad se beneficiarían únicamente unas 7.000 hectáreas por este concepto, una cifra que el Ejecutivo regional considera “claramente insuficiente”.
“Somos, una vez más, daño colateral de un diseño de ayudas que no tiene en cuenta nuestras particularidades. Ya ocurrió con la guerra de Ucrania y vuelve a repetirse ahora”, ha señalado la consejera, que ha pedido “una revisión urgente de los criterios para que la Cornisa Cantábrica no quede excluida de facto”.
Medidas frente a la dermatosis nodular y sanidad animal
En el ámbito de la sanidad animal, Cantabria ha presentado al Ministerio un conjunto de propuestas frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC), entre las que se incluyen la extensión de la vacunación preventiva en la región, la flexibilización del marco normativo europeo para modificar la categoría de la enfermedad y la constitución de un stock suficiente de dosis.
“No podemos permitir que vuelva a producirse una situación de desabastecimiento que obligue a los Estados miembros a competir entre sí en el mercado”, ha recalcado Susinos.
El Gobierno cántabro también ha pedido que la DNC se incorpore a las coberturas de Agroseguro. “Es imprescindible dotar de herramientas de protección reales a nuestros ganaderos ante una amenaza sanitaria de primer orden”, ha añadido.
Asimismo, la consejera ha puesto sobre la mesa el aumento de la fauna silvestre, en particular jabalíes y tejones, como un factor de riesgo sanitario añadido para las explotaciones ganaderas.
Según ha indicado, estas especies actúan como reservorio de patologías graves como la tuberculosis, la peste porcina africana o la enfermedad de Aujeszky, lo que incrementa la presión sanitaria sobre el ganado.
Ante este escenario, el Ejecutivo autonómico ha solicitado al Ministerio la puesta en marcha de líneas de ayuda específicas para financiar medidas de bioseguridad en las explotaciones.
“Necesitamos recursos para garantizar la convivencia entre fauna silvestre y ganadería en condiciones de seguridad, protegiendo tanto la salud animal como la viabilidad de nuestras explotaciones”, ha enfatizado la consejera.
Sector lácteo y riesgo de bajadas de precios
En cuanto al sector lácteo, Susinos ha trasladado la “preocupación” del Gobierno de Cantabria por los recientes cambios en los contratos de compraventa de leche que apuntan a “una posible bajada de precios”.
La titular de Desarrollo Rural ha sostenido que “no existen razones objetivas de mercado que justifiquen estas prácticas” porque “no se ha producido ni un aumento significativo de la producción ni una caída del consumo”.
Frente a ello, ha subrayado que los costes de producción “continúan al alza”. “Nuestra petición es clara: el ganadero no puede ser, una vez más, el eslabón más débil de la cadena”, ha remarcado.
En esta línea, ha instado al Ministerio a reforzar los controles para impedir la venta a pérdidas y el uso de la leche como producto reclamo en la distribución comercial. “Es imprescindible garantizar un precio justo que cubra los costes y permita la viabilidad del sector”, ha sentenciado.