El sector agrario andaluz aguarda en los próximos días “más concreción” sobre las ayudas estatales, cifradas en 7.000 millones de euros para Andalucía y Extremadura, y las autonómicas, dotadas con 1.780 millones, anunciadas este martes. Estos fondos incluyen apoyos directos a explotaciones agrícolas y ganaderas dañadas por el reciente tren de borrascas. Las organizaciones profesionales han advertido de que se mantendrán “vigilantes” y, en el caso de Asaja Andalucía, han rechazado la reducción de las peonadas al entender que en las fincas “va a haber más trabajo aún” tras las lluvias.
En declaraciones a Europa Press, Félix García, director general de Asaja Andalucía, ha tildado el paquete de ayudas del Gobierno central de “inconcreto e impreciso” y ha reclamado “más información” sobre los plazos de cobro, los cultivos que podrán acogerse y las condiciones de acceso. Desde UPA, su secretario general, Jesús Cózar, ha valorado como “muy positivas las ayudas” del Ejecutivo y respalda la rebaja de las peonadas, confiando además en que las inversiones en vías pecuarias permitan darles un “buen repaso”. COAG Andalucía, por boca de su secretario general, Juan Luis Ávila, ha subrayado que permanecerán “vigilantes” para que las medidas se ejecuten de forma adecuada.
COAG Andalucía ha incidido en que la rapidez en la tramitación, la simplificación administrativa y la coordinación entre administraciones serán “determinantes” para evitar el cierre de explotaciones y asegurar la continuidad de la actividad agraria en las áreas más afectadas. UPA, por su parte, ha agradecido “la celeridad y la coordinación” entre Junta y Gobierno central a la hora de articular una respuesta conjunta, subrayando el trabajo compartido de las últimas semanas.
“Agradecemos a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España la rapidez y la coordinación en la puesta en marcha de estas medidas. Esperamos que esta forma de trabajar sea la simiente para futuros acuerdos en beneficio del sector”, afirma la organización. No obstante, Jesús Cózar Pérez pone el foco en dos cuestiones clave: la agilidad en la tramitación y la compatibilidad de las ayudas. “Necesitamos que estas ayudas sean ágiles en su tramitación y en su puesta en marcha definitiva. El sector primario lo necesita con urgencia”, remarca. Asimismo, reclama que las ayudas autonómicas y estatales sean “plenamente compatibles y complementarias”. “Esperamos que no impidan el cobro unas de otras y que realmente se complementen para llegar a quien lo está pasando mal”.
La ministra Montero ha detallado que las primeras ayudas se dirigirán a familias y hogares damnificados. Se contemplan ayudas directas para las más de 12.400 personas que han tenido que ser evacuadas por los fenómenos meteorológicos. La compensación será de 150 euros por persona y día, según ha explicado Montero, quien ha precisado que esta cuantía será compatible con otras ayudas, como las destinadas a daños en viviendas.
“Por ejemplo, esto supone para una familia de cuatro miembros que hayan pasado diez días fuera de su hogar, una ayuda directa de 6.000 euros”, ha ejemplificado. La ministra ha resaltado que el decreto prevé cuadruplicar las indemnizaciones fijadas por ley para afectados por daños personales, así como por perjuicios materiales en viviendas y enseres.
Todas estas compensaciones, con carácter retroactivo, estarán exentas de tributación en el IRPF y en el impuesto de sociedades para las empresas, y no computarán a efectos de percibir el ingreso mínimo vital. Un segundo bloque de medidas se dirige a los ayuntamientos, que recibirán 2.000 millones de euros para “afrontar la reparación de infraestructuras municipales afectadas por lluvias e inundaciones”.
En un tercer apartado, Montero ha avanzado medidas fiscales como la exención del pago del IBI y la reducción del impuesto sobre actividades económicas para 2026 en inmuebles dañados por las borrascas e inundaciones. “En caso de que se haya ya realizado el pago, los contribuyentes podrán solicitar la devolución de lo abonado”, ha aclarado.
También se prevé una rebaja de módulos del IRPF y del régimen especial simplificado del IVA para explotaciones y actividades agrarias ubicadas en la zona afectada. “Este conjunto de medidas y de exenciones fiscales va a suponer un ahorro para los contribuyentes de unos 350 millones de euros”, ha manifestado.
Otro bloque se centra en la Seguridad Social. Se incluye la prestación por cese de actividad para autónomos hasta el 31 de mayo; la posibilidad de ERTE por fuerza mayor para trabajadores afectados, con exenciones en las cotizaciones empresariales; el aplazamiento y la moratoria en el abono de cuotas a la Seguridad Social; la protección por desempleo para empleadas del hogar; y la reducción de 35 a un mínimo de 5 jornadas reales cotizadas para que los eventuales agrarios puedan acceder al subsidio por desempleo.
El cuarto eje de ayudas se orienta a la agricultura y al sector pesquero, con más de 2.100 millones de euros en ayudas directas para titulares de explotaciones inscritas en el registro de explotaciones agrarias de las zonas dañadas, y una partida de diez millones de euros para armadores de buques pesqueros con puerto base en Málaga, Cádiz y Huelva.
Además, se contemplan 600 millones para arreglar caminos rurales e infraestructuras vinculadas, y 163 millones para reparar estructuras de vías y trazados ferroviarios de titularidad estatal, a cargo del Ministerio de Transportes. En el ámbito comercial, se prevén subvenciones por 120 millones para hostelería y comercio minorista en áreas afectadas, junto con líneas de financiación ICO por valor de 100 millones de euros para daños agrarios por borrascas y para las indemnizaciones del consorcio de seguros.
Paralelamente, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha presentado el Plan Andalucía Actúa, dotado inicialmente con 1.780 millones de euros, destinado a afrontar los destrozos provocados por el tren de borrascas que ha golpeado a la comunidad en las últimas semanas.
Entre las principales partidas del plan destacan los 988 millones de euros destinados al sector agrícola, el más perjudicado por el temporal. De esa cantidad, se reservan 700 millones en ayudas directas para 33.000 explotaciones afectadas. En cuanto a los daños en la red viaria, Moreno ha cuantificado el impacto en más de 535 millones de euros, especialmente en Cádiz y Málaga. Está previsto actuar en más de 1.000 kilómetros de carreteras tras haberse registrado casi 600 incidencias graves.
El programa autonómico incluye también 35 millones en ayudas para pymes y autónomos, con el fin de sostener el empleo. Se prevén apoyos de hasta 2.000 euros por autónomo, a razón de 200 euros mensuales durante 10 meses, de febrero a noviembre. A ello se podrán sumar 3.500 euros por cada trabajador contratado, de modo que un autónomo con dos o tres empleados podría recibir entre 9.000 y 12.500 euros.
En el ámbito educativo, el presidente ha cifrado el impacto en colegios e institutos en más de 60 millones de euros, una cantidad que podría aumentar a medida que se evalúen con precisión los daños. En infraestructuras sanitarias, el coste se estima en unos 13 millones de euros, principalmente en ambulatorios, centros de salud y algún hospital. El presupuesto para vías pecuarias e instalaciones medioambientales asciende a 49 millones, unas infraestructuras que, según Moreno, son “sumamente importantes”.