La directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal, Luisa Piñeiro, ha señalado que la Xunta ha recibido hasta el momento 226 solicitudes para la línea de ayudas dirigida a la reforestación tras la realización de aprovechamientos madereros.
Estas aportaciones, dotadas con un presupuesto cercano a los 8,5 millones de euros para las anualidades de 2026 y 2027, ampliaron el plazo de presentación de solicitudes hasta el 7 de mayo después de introducir diversos ajustes técnicos en las bases reguladoras de la orden, con el objetivo de “aclarar algunas dudas” planteadas por el propio sector.
El programa se estructura en tres líneas diferenciadas: una primera destinada a la reforestación productiva con coníferas; una segunda orientada a la reforestación productiva con frondosas; y una tercera específicamente centrada en el chopo.
Piñeiro ha subrayado la necesidad de “equilibrar rentabilidad y sostenibilidad” en los proyectos de reforestación, al tiempo que destaca una “evolución relevante” en comparación con las políticas forestales aplicadas en etapas anteriores.
Estas declaraciones se han producido en el transcurso de una Comisión de Agricultura, en la que la diputada Carmen Rodríguez Dacosta ha criticado la “chapuza” de la Xunta con las ayudas a la reforestación. Ha reprochado que la orden de diciembre de 2025 tuviera que ser modificada “de plano” pocos meses después, al haberse solicitado solo 2 de los 15 millones de euros previstos. Advierte de “un año forestal perdido” por la “falta de ejecución” y “planificación”.
En la misma línea, Montserrat Valcárcel (BNG) ha arremetido contra la política de reforestación del Gobierno gallego, al entender que pretende “reconstruir el modelo que ya falló” para sostener una rotación de especies intensivas. Denuncia que queden excluidos pequeños propietarios y montes vecinales, por lo que exige a la Xunta la puesta en marcha de una mesa de diálogo con estos colectivos.
Por otro lado, Miguel Ángel Viso (PP) ha puesto en valor que estos más de 8 millones de euros en ayudas constituyen “datos no menores para tener en cuenta” y remarca la evolución de las políticas forestales en Galicia.