La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha descartado este miércoles que la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica se haya diseñado para “contentar” a Cataluña y ha reiterado que no se otorga ningún tipo de privilegio ni trato preferente a ninguna comunidad autónoma.
La responsable de Hacienda ha realizado estas declaraciones tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en la que ha expuesto a las autonomías la propuesta de reforma del sistema de financiación, concebida para que su aplicación sea voluntaria.
Pese a las críticas formuladas por los consejeros de todas las comunidades, a excepción de Cataluña, Montero ha insistido en que no existen motivos objetivos para que ninguna autonomía rechace este esquema de financiación.
“Yo lo que he visto en el interior de la reunión es la repetición de un argumentario político que me hubiera gustado que se hubiera quedado en la puerta”, ha lamentado la ministra de Hacienda, aludiendo al tono del debate mantenido en el CPFF.
El planteamiento del Gobierno ha suscitado el rechazo tanto de comunidades gobernadas por el PP como de algunos dirigentes socialistas, al considerar que se ha negociado previamente con los independentistas catalanes, en concreto con ERC.
“Los partidos políticos a los que se refiere el Partido Popular querían un cupo en Cataluña. Y estamos hablando de una reforma del modelo común, del conjunto de comunidades autónomas, así que todos los titulares y las afirmaciones que se han hecho sobre mi persona, sobre el presidente, respecto a que estábamos pactando un cupo separatista, se pone de manifiesto que era mentira”, ha defendido la ministra.
Montero ha subrayado, además, que de los 20.975 millones adicionales que el Estado transferirá a las comunidades para sostener los servicios públicos que gestionan, más de 15.000 millones se dirigirán a territorios gobernados por el PP.
“Por tanto, de que si hay un partido político que se beneficia de estas medidas, sin duda, es el Partido Popular, que es el que gobierna hoy por hoy en la gran parte del territorio”, ha explicado la titular de Hacienda.
Un modelo “más solidario” y sin privilegios
La ministra ha remarcado que el nuevo diseño incrementa la solidaridad entre territorios de forma “clara y transparente”. En su explicación, ha precisado que las autonomías con mayor capacidad recaudatoria aportarán más recursos al sistema, mientras que las que cuenten con menos ingresos serán receptoras netas.
Asimismo, ha recalcado que este esquema no se basa en el principio de ordinalidad. “Solamente hay una comunidad autónoma que hemos mirado, porque la miró la propia comunidad que es Cataluña, que lo cumple, pero hay otras que lo cumplirán y otras que no. Yo ya les digo que con el 'status quo' la gran parte no lo cumplen”, ha señalado.
Montero ha incidido también en que el modelo no es fruto de un acuerdo bilateral con ninguna comunidad y ha recordado que “se discute en el CPFF y se vota en el Congreso, porque es una ley orgánica”.
Es “falso” que se pretenda trocear la Agencia Tributaria
La vicepresidenta ha rechazado igualmente las acusaciones de que el Ejecutivo busque fragmentar la Agencia Tributaria, algo que ha calificado de “totalmente falso”.
Según ha explicado, la intención del Gobierno es impulsar un trabajo en red, similar al de otras estructuras de organización avanzada, de forma que la información de la Agencia Tributaria, clave para la lucha contra el fraude, se vea reforzada gracias a esa cooperación.
Este enfoque, ha indicado, permitiría compartir bases de datos y disponer de un perfil más completo de cada contribuyente a la hora de abordar cualquier cuestión fiscal.
Además, ha recalcado que este sistema será de carácter voluntario para las autonomías. Aquellas que no deseen integrarse en la red podrán seguir actuando por su cuenta. “Que trabaje solo”. “Yo creo que permitiría mayor eficacia en la lucha contra el fraude, pero insistimos: si no se quiere, no se quiere”, ha remarcado.
Calendario, diálogo con las comunidades y negociación parlamentaria
El objetivo del Gobierno es que el nuevo modelo entre en vigor en 2027. Para ello, antes de junio el proyecto deberá haber llegado al Congreso, de modo que la Mesa lo califique y se inicie la tramitación.
Previamente, el Ejecutivo prevé mantener reuniones bilaterales con las comunidades autónomas para recoger sus aportaciones y, a partir de ahí, redactar el texto definitivo de la ley orgánica.
Montero ha puesto como ejemplo el caso de Asturias, que ya ha manifestado su voluntad de introducir propuestas para mejorar determinados aspectos del modelo.
Una vez se cierre esa fase, el Ministerio de Hacienda abrirá la negociación con los grupos parlamentarios. “Me sentaré con Junts, me sentaré con Podemos, me sentaré con Coalición Canaria, me sentaré con todos los grupos presentes en la Cámara para poder concitar el acuerdo. Y confío en poder llegar a un acuerdo. Y si alguno no lo tiene claro, porque se pueda abstener y que permita que el modelo avance, porque este modelo es mejor que el anterior”, ha concluido la vicepresidenta primera.