La Inspección de Trabajo ha finalizado sus pesquisas sobre Uber Eats con una reclamación de 110 millones de euros en cotizaciones a la Seguridad Social supuestamente no abonadas y la regularización de 60.000 repartidores dados de alta como falsos autónomos, según han indicado a Europa Press fuentes del Ministerio de Yolanda Díaz, confirmando una información adelantada por “El País”.
El pasado mes de julio, la Inspección abrió un expediente a la plataforma con el objetivo de comprobar si su esquema de contratación se ajustaba a la normativa que obliga a reconocer como asalariados a los repartidores que trabajan para estas empresas.
Un portavoz de la compañía de “delivery” ha reiterado el “compromiso con el cumplimiento de las obligaciones” que le correspondan. “Seguiremos trabajando con repartidores, sindicatos y el Gobierno para garantizar un proceso justo para todos”, ha declarado tras conocerse la actuación de la Inspección de Trabajo.
Desde el Departamento que dirige Yolanda Díaz se ha mantenido un control estricto sobre que las empresas de reparto respeten las exigencias legales de reconocimiento de la relación laboral fijadas en la denominada “Ley Rider”.
Esta regulación, que obliga a las plataformas digitales de reparto a contratar como trabajadores por cuenta ajena a sus repartidores, está en vigor desde agosto de 2021.
La norma, fruto del pacto entre el Ministerio de Trabajo, CCOO, UGT y las patronales CEOE y Cepyme, se aplica a los vínculos laborales entre las plataformas dedicadas al reparto o distribución de productos o mercancías y las personas que prestan estos servicios.
En el texto se establece la presunción de laboralidad para quienes realizan servicios remunerados de reparto a través de empresas que gestionan pedidos mediante plataformas digitales, en coherencia con la sentencia del Tribunal Supremo de septiembre de 2020 que declaró que los repartidores son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos.
Uber Eats dejó de operar con repartidores autónomos
Uber Eats comunicó el pasado mes de enero su decisión de dejar de colaborar con repartidores autónomos en España.
“Uber Eats reafirma su compromiso con el cumplimiento de la Ley Rider. Después de cuatro años en los que hemos acumulado una gran experiencia trabajando con empresas expertas en logística, y con el objetivo de fomentar un modelo sostenible a largo plazo, hemos tomado la decisión de dejar de colaborar con repartidores autónomos”, señaló entonces un portavoz de la empresa.
La plataforma de comida a domicilio detalló que los repartidores que todavía utilizaban la aplicación como autónomos podrían seguir operando como asalariados de alguna de sus flotas colaboradoras.
“Manifestamos nuestro compromiso con el cumplimiento de las obligaciones que nos correspondan, así como nuestra intención de poner fin a todos los litigios pendientes y estamos a disposición de repartidores, sindicatos y el Gobierno para garantizar un proceso justo para todos”, insistió Uber Eats el pasado mes de enero.
Con este movimiento, la compañía de “delivery” siguió la senda de Just Eat, que fue pionera en la contratación laboral de sus repartidores, y de Glovo, que en diciembre de 2024 hizo público su cambio de modelo en España para operar con repartidores contratados en lugar de autónomos.
Uber Eats subrayó en enero que se adaptó a la Ley Rider en 2021, apostando por el modelo laboral en España. En 2022 ya funcionaba con un sistema híbrido que permitía a los repartidores escoger entre ser asalariados o autónomos y, en 2025, más de 7.000 repartidores habían sido contratados por alguna de sus flotas colaboradoras.