Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha remitido una carta oficial a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y a la presidencia chipriota encabezada por Maria Panayiotou, en la que denuncia el impacto del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (MAFC) sobre el mercado de fertilizantes, al gravar las importaciones de abonos, y solicita que se paralice su aplicación, según ha comunicado la organización.
La entidad agraria, que ya había expresado su inquietud antes de la entrada en vigor del MAFC a finales del pasado año, insiste ahora en los efectos negativos que está generando para el campo en estos primeros meses. Los primeros registros disponibles apuntan a una fuerte caída de las compras de fertilizantes a países terceros, junto con un incremento significativo de sus precios, lo que se está trasladando de forma directa a los productores.
“Sólo están los datos del primer mes en el que ha aplicado este mecanismo, que es el de enero, pero si se compara con la media de los meses de enero de los 10 años anteriores, las importaciones de abonos han caído un 56% y el precio había subido casi el 20%”, han señalado desde la organización, que apunta a que la situación es aún en la actualidad más acusada.
En una actividad como la agraria, caracterizada por márgenes muy ajustados y escaso margen para repercutir estos sobrecostes en la cadena alimentaria, y en un escenario de elevada incertidumbre, Unión de Uniones reclama a la Comisión Europea que evalúe con urgencia el efecto real de este mecanismo y ponga en marcha medidas de alivio inmediatas.
Al mismo tiempo, la organización se ha dirigido al Ministerio de Agricultura para pedir a Luis Planas que se implique en la defensa del sector y adopte una postura clara en el debate que se mantiene en el Consejo, alineándose con aquellos Estados miembro que están proponiendo alternativas como la suspensión temporal del MAFC o la puesta en marcha de compensaciones específicas.
Unión de Uniones subraya que, en España, el desembolso anual en fertilizantes por parte del sector agrario supera los 2.300 millones de euros, lo que supone en torno al 7,5% de los consumos intermedios. Por ello, advierte de que cualquier subida adicional en el precio de estos insumos repercute de forma directa en la viabilidad económica de numerosas explotaciones.