El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado reconocer como situación de fuerza mayor y de extrema necesidad el problema generado por la llegada masiva a las costas andaluzas de los arribazones del alga exótica invasora Rugulopterix okamurae, popularmente conocida como alga asiática.
Gracias a esta decisión, se podrá aplicar la exención del impuesto estatal sobre el depósito de residuos en vertedero, con la intención de aliviar la carga económica que soportan los municipios litorales ante este fenómeno ambiental excepcional, según ha señalado la Junta en un comunicado.
Originaria del océano Pacífico, esta especie se detectó por primera vez en 2016 en el entorno del Estrecho de Gibraltar, a raíz de arribazones localizados en la costa de Ceuta. Desde ese momento, el alga ha mostrado una capacidad de expansión "extraordinaria", extendiéndose con rapidez tanto hacia el este como hacia el oeste en ambas orillas del Estrecho.
Su carácter invasor se manifiesta en productividades y biomasas "desmesuradas y sin precedentes", superando ampliamente a las especies marinas autóctonas y a otras alóctonas, hasta ocupar en la actualidad una parte muy significativa del litoral andaluz.
La expansión sin control de esta especie, unida a la constatación científica de que, al menos a medio plazo, no es factible su erradicación ni la recuperación de los ecosistemas a su estado original, llevó a su inclusión en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras en 2020 y a su consideración como especie preocupante para la Unión Europea en 2022.
En la actualidad, la presencia de Rugulopterix okamurae se extiende por las cinco provincias costeras andaluzas: Cádiz, Huelva, Málaga, Granada y Almería. La presión es "especialmente intensa" en Cádiz y en el sector occidental de Málaga, mientras que Huelva, pese a contar con fondos arenosos menos propicios, también está registrando su avance.
Granada se encuentra "ampliamente afectada", en tanto que Almería presenta ya una presencia relevante, sobre todo en enclaves como Aguadulce, Roquetas de Mar y el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.
Los impactos de esta invasión son numerosos y de gran gravedad. En el sector pesquero, dificulta "de forma notable" las artes tradicionales y, en muchos casos, las faenas de arrastre, ya que impide que los peces alcancen las redes. Los pescadores se ven obligados a izar continuamente los aparejos para retirar la biomasa acumulada y, después, a reparar sus redes, lo que incrementa los costes y reduce la rentabilidad.
En las playas de uso turístico, la acumulación masiva de restos de alga provoca problemas de salubridad, malos olores y lixiviados derivados de su fermentación y putrefacción, con efectos negativos sobre el medio marino, el paisaje y, en consecuencia, sobre el turismo y las actividades económicas asociadas.
En el área del Estrecho de Gibraltar se calcula, incluso con una estimación prudente, una biomasa anual cercana a las 100.000 toneladas de peso fresco, que llega a distintos municipios costeros en función de los vientos dominantes.
Localidades gaditanas como Algeciras, Barbate, Conil, La Línea de la Concepción y Tarifa, junto con Estepona y Marbella, en la provincia de Málaga, soportan "una presión extraordinaria" por la necesidad continua de retirar esta biomasa, cuyo crecimiento se describe como "incesante y descontrolado".
En municipios de Cádiz como Rota, el volumen transportado a vertedero se duplicó entre 2022 y 2023, se triplicó en 2024 y se multiplicó por ocho en 2025; en Algeciras, en 2024 se retiró tres veces más cantidad que en 2023 y cinco veces más en 2025; mientras que Tarifa ha llegado a gestionar más de 11.000 toneladas en un solo verano, cuadruplicando registros anteriores. En Marbella se han retirado "centenares de toneladas en un único día".
Ante este escenario, numerosos ayuntamientos han reclamado ayudas extraordinarias a las distintas administraciones, al admitir que los recursos municipales resultan insuficientes para asumir los elevados costes de recogida, transporte y tratamiento de estos residuos. La retirada de los arribazones genera un volumen masivo de desechos, imprevisible tanto en frecuencia como en magnitud, que exige intervenciones urgentes, repetidas y muy costosas.
En las condiciones actuales, las posibilidades de valorización de esta biomasa son muy escasas debido a su elevado contenido en sales y arenas, a su inestabilidad y a la obligación de inactivar los ejemplares retirados para impedir que continúe la invasión. El compostaje, según la Junta, resulta "técnicamente complejo" y los posibles usos industriales siguen en una fase muy inicial, por lo que, de momento, la única alternativa real es tratarla como residuo y destinarla a vertedero.
Esta forma de gestión implica la aplicación del impuesto estatal de 30 euros por tonelada, fijado en la Ley 7/2022, lo que supone una carga económica muy elevada para las corporaciones locales.
Sin embargo, la propia norma contempla la exención del tributo en casos de fuerza mayor, extrema necesidad o catástrofe, cuando la entrega de residuos haya sido ordenada por las autoridades competentes.
Con esta declaración, se busca evitar una penalización económica "injusta" a los municipios afectados, teniendo en cuenta el carácter "imprevisible e inevitable" del fenómeno, su naturaleza sobrevenida, la ausencia de un responsable identificable y la obligación de intervenir por motivos de salud pública y protección del medio ambiente. La vigencia de esta medida concluirá una vez desaparezcan las circunstancias extraordinarias que la han justificado.