El Consejo de Gobierno ha sido informado de la resolución de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural que introduce una excepcionalidad temporal para liberar a los productores andaluces del cumplimiento de parte de las obligaciones de la condicionalidad reforzada ligadas a las ayudas de la Política Agraria Común (PAC).
En la práctica, los agricultores de Andalucía continuarán percibiendo en 2026 las subvenciones europeas que les correspondan aunque no se ajusten a los requisitos fijados en materia de rotación y diversificación de cultivos, según ha explicado la Junta en una nota de prensa.
Con esta decisión, el Gobierno andaluz vuelve a poner sobre la mesa nuevas herramientas de apoyo al sector primario, con el objetivo de mitigar el impacto de las borrascas que han afectado a la comunidad entre noviembre de 2025 y febrero de 2026.
Las intensas precipitaciones registradas en ese periodo han provocado un estado de saturación en los suelos agrícolas, lo que ha dificultado seriamente, e incluso impedido en muchos casos, cumplir con las condiciones inicialmente fijadas para acceder a las ayudas de la PAC correspondientes a esta campaña.
Debido a estas circunstancias meteorológicas adversas, en numerosas explotaciones no se han podido sembrar los cultivos de otoño-invierno y, en otras, las siembras realizadas no han prosperado.
Además, tal y como ha subrayado la Junta, “aún sigue existiendo gran dificultad para poder preparar los terrenos para los cultivos de primavera”.
Ante este escenario, la Junta de Andalucía ha optado por dispensar a los agricultores de la obligación de destinar una superficie mínima del 33% de las tierras cultivadas a un cultivo principal distinto al declarado en la campaña anterior.
Esta medida otorga a los productores una mayor margen de maniobra en la planificación de la rotación de cultivos y permite que sigan accediendo a las ayudas, pese a “la complicada situación que se observa en numerosas comarcas de Andalucía para cumplir con las obligaciones asociadas a las subvenciones”.
Paralelamente, la Administración autonómica también releva este año a las explotaciones agrarias de la exigencia de diversificación de cultivos que, con carácter general, debe aplicarse en cada campaña.
Sin esta relajación de las normas, las fincas de entre 10 y 30 hectáreas estarían obligadas a sembrar al menos dos cultivos distintos, de forma que el predominante no superase el 75% de la superficie total.
En cuanto a las explotaciones de más de 30 hectáreas, sus titulares tendrían que implantar un mínimo de tres cultivos diferentes, sin que ninguno de ellos pudiera sobrepasar el 75% de la superficie ni que la suma de dos superase el 95% de las tierras agrícolas.
Esta excepcionalidad temporal, basada en criterios de equidad y respaldada por la necesaria seguridad jurídica, busca proteger la viabilidad económica de las explotaciones afectadas por el tren de borrascas, evitando sanciones por incumplimientos que no son atribuibles a los propios agricultores.