El Consejo de Gobierno andaluz ha dado luz verde este lunes, 20 de abril, a un decreto ley que introduce una exención “excepcional y temporal” del pago de la tasa a la pesca fresca en Andalucía durante un periodo de tres meses, vinculada a los daños ocasionados por el tren de borrascas que afectó a la comunidad entre finales de 2025 y comienzos de 2026.
Desde el Ejecutivo autonómico sostienen que esta decisión “supondrá un alivio económico directo e inmediato para los profesionales del sector al reducir costes asociados al desembarque y primera venta de sus capturas en los puertos que gestiona la Junta de Andalucía”.
La referencia del Consejo de Gobierno precisa que, al suprimir este coste fijo, equivalente al 2% del valor alcanzado en subasta por el pescado desembarcado, “mejorará la liquidez de las empresas y los trabajadores del mar”.
Así, “se favorecerá el mantenimiento de la actividad en un contexto de especial dificultad marcado por las consecuencias de las borrascas atlánticas registradas en Andalucía entre finales de 2025 y principios de 2026”.
La Junta subraya que estos episodios meteorológicos generaron “fuertes temporales marítimos que obligaron a numerosos barcos a permanecer amarrados a puerto y ocasionaron también daños directos en infraestructuras portuarias, instalaciones acuícolas, embarcaciones pesqueras y centros de primera venta”.
Como consecuencia, la flota extractiva quedó “paralizada durante períodos prolongados y se produjo una significativa reducción de la facturación del sector”, según recoge la propia referencia del Consejo de Gobierno, que destaca además que la situación se ha visto “agravada” “por la subida del combustible asociada a las tensiones geopolíticas internacionales”.
Este escenario “ha derivado en un contexto de riesgo para el mantenimiento del tejido productivo y del empleo vinculado a la pesca en Andalucía”, alertan desde el Gobierno andaluz, que puntualiza que la exención de la tasa será “inmediata tras la publicación del decreto ley y aliviará la carga económica de armadores, pescadores y otros operadores del sector”, de forma que “se espera que incida de forma positiva en el mantenimiento de la actividad”.
De este modo, “aumentará la garantía de abastecimiento de productos frescos del mar a los mercados y se afianzará la cohesión socioeconómica de las zonas litorales de Andalucía, muy vinculadas a la pesca”, concluye la Junta al justificar la aprobación de esta norma.