El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado este miércoles su visto bueno al proyecto de Ley de Caza y Pesca, una norma que pretende reforzar la seguridad jurídica del sector y la conservación del entorno natural, incorporando cotos mínimos y planes específicos de control poblacional.
El texto pasará ahora a la Asamblea de Madrid para iniciar su tramitación parlamentaria, con la previsión de que pueda entrar en vigor antes de que finalice este mismo año, según ha señalado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, desde Morata de Tajuña, municipio en el que se ha celebrado de forma extraordinaria la reunión del Ejecutivo autonómico.
“Esta es la primera ley para el sector en la historia de la Comunidad de Madrid. Va a impulsar al sector, va a servir de apoyo y control de la buena salud de los ecosistemas, del control poblacional, sus daños a la agricultura que, además, provocaba accidentes de tráfico o, por ejemplo, transmitía enfermedades a las ganaderías”, ha explicado la dirigente regional.
La propuesta, impulsada por la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, incorpora medidas concretas para actualizar la regulación, optimizar la gestión de la fauna y aumentar la seguridad en el ejercicio de la caza y la pesca.
Entre los cambios más relevantes, la ley fija por primera vez una superficie mínima general de 250 hectáreas para los cotos de caza, con independencia de la modalidad, salvo en el caso de la caza menor, que podrá autorizarse a partir de 50 hectáreas siempre que exista una justificación técnica.
En el ámbito de la pesca, se simplifica la clasificación de las masas de agua, que quedarán organizadas en tres grupos: cotos, aguas en régimen especial y aguas privadas. Asimismo, se refuerza la protección de especies emblemáticas como la trucha en los ecosistemas fluviales, y se presta atención a otras de interés para los aficionados en embalses y tramos bajos de los ríos, como la carpa o el lucio.
Como una de las principales novedades, se crean los Planes de Control Poblacional, una herramienta dirigida de forma preferente a los ayuntamientos para gestionar especies sobreabundantes, como el jabalí o el conejo, fuera de los periodos ordinarios de caza y así evitar daños en los cultivos.
En lo relativo a la seguridad, se incrementa la distancia mínima respecto a los núcleos de población, que pasa de 100 a 150 metros, manteniéndose el resto de restricciones ya vigentes.
Digitalización, sanciones y papel en el medio rural
La futura ley apuesta también por la modernización del sector mediante la implantación de licencias digitales y la tramitación electrónica de los procedimientos administrativos, con el objetivo de reducir cargas burocráticas y facilitar el control de la actividad.
El régimen sancionador se actualiza: las infracciones leves se sancionarán con multas de entre 200 y 1.000 euros; las graves, con cuantías de entre 1.000 y 10.000 euros; y las muy graves, con importes de entre 10.000 y 80.000 euros.
Para su redacción se ha desarrollado un amplio proceso de participación y la norma ha sido sometida a numerosos informes técnicos y sectoriales, entre ellos los relativos a impacto ambiental, cambio climático, salud pública, género, familia y coordinación normativa.
De esta forma, se unifican en un solo marco legal los aspectos esenciales de la actividad cinegética y piscícola, consideradas palancas del desarrollo del medio rural y herramientas relevantes frente a la despoblación.
En la Comunidad de Madrid, cerca del 69% del territorio —576.000 hectáreas— está catalogado como terreno cinegético, con unas 50.000 licencias de caza en vigor.
En cuanto a la pesca, la región dispone de alrededor de 46.000 licencias activas y 24 tramos regulados que suman casi 130 kilómetros, gestionados en parte en colaboración con entidades locales.