Aragón, junto a otras ocho comunidades autónomas, ha remitido una carta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en la que manifiestan su oposición a la intención del Gobierno central de asumir la recomendación de la Comisión Europea de restringir la caza de la codorniz común (coturnix coturnix) “sin un criterio científico claro”.
El escrito, promovido por la Junta de Extremadura, está suscrito por el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco Ramírez, y por los responsables competentes de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia.
En la misiva, estas comunidades piden al ministerio que reoriente su postura, “eliminando o reconsiderando aquellas medidas que impliquen restricciones automáticas, homogéneas o desproporcionadas sobre el ejercicio de la caza y sobre la capacidad de gestión de las comunidades autónomas”.
Asimismo, reclaman “que no se traslade ante otros órganos de la Administración General del Estado ni ante las instituciones europeas la existencia de un supuesto consenso autonómico que no concurre en los términos en que se ha venido expresando”.
Los ocho consejeros demandan también “que se refuerce un marco de trabajo verdaderamente cooperativo con las comunidades autónomas” y que la posición que defienda España en cualquier foro nacional o europeo integre “de forma leal la realidad del medio rural, la importancia social, económica y territorial de la actividad cinegética y la necesidad de evitar cargas administrativas innecesarias o decisiones que puedan resultar gravemente lesivas para amplias zonas del territorio”.
En su carta, los firmantes califican de “improcedente” que se dé por hecho un apoyo general a iniciativas que, en la práctica, implican un “incremento de las restricciones” sobre la actividad cinegética, una “mayor carga burocrática” para cazadores, titulares de cotos y administraciones públicas, y una “posible alteración” de las órdenes generales de veda y de los regímenes de aprovechamiento actualmente vigentes en los diferentes territorios.
“De manera particular, suscitan una seria preocupación aquellas medidas orientadas a introducir mecanismos automáticos de restricción del aprovechamiento cinegético vinculados a variables climatológicas generales, la reducción adicional de jornadas hábiles, la imposición de nuevos cupos o limitaciones homogéneas para todo el territorio nacional, así como la implantación acelerada de sistemas de control, reporte y seguimiento que no hayan sido debidamente contrastados desde el punto de vista técnico, competencial y de viabilidad administrativa”, subraya el documento conjunto.
El texto consensuado por los ocho gobiernos autonómicos incide en que la gestión cinegética, y en especial la regulación de especies como la codorniz, requiere una “aproximación rigurosa, sí, pero también territorializada, proporcionada y respetuosa con el marco competencial vigente”.
“No resulta admisible construir una respuesta uniforme sobre realidades ecológicas y socioeconómicas notablemente distintas, ni desplazar sobre las comunidades autónomas y sobre el medio rural las consecuencias de decisiones adoptadas sin una verdadera concertación institucional”, ha señalado.
Las comunidades firmantes reafirman su compromiso con una gestión “responsable, sostenible y basada en datos, compatible con la conservación de la biodiversidad y con el mantenimiento de los usos tradicionales y del tejido social y económico vinculado al medio rural”.
La Junta de Extremadura tacha la posición del MAPA de “profundamente lesiva” para el sector cinegético regional y para las economías rurales de la comunidad ligadas a la media veda.
Según ha indicado en una nota de prensa, “la postura del ministerio tira por tierra años de lucha contra la despoblación, toda vez que abre la puerta para que la Unión Europea haga una interpretación errónea de la directiva de aves, obviando estudios científicos que avalan la caza sostenible de la codorniz y de otras especies”.
La Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural expresa su confianza en que el Estado no permita que, “una vez más”, el “exceso de protección medioambiental sin justificación técnica” se convierta en un “freno” para el desarrollo económico de los pueblos extremeños.