La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga Canarias), en sintonía con su organización estatal, ha reclamado a la Comisión Europea (CE) y al Consejo que respeten la posición fijada por el Parlamento Europeo, que ha pedido un dictamen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la legalidad del acuerdo UE-Mercosur, y que no se active de forma provisional su vertiente comercial mientras esté abierto el procedimiento judicial.
Según Asaga Canarias, poner en marcha de manera provisional el tratado pese a la decisión de la Eurocámara "supondría desvirtuar una resolución democrática" aprobada por una Cámara "claramente dividida", algo que, a su juicio, "evidencia la existencia de dudas jurídicas y políticas de fondo" en torno a este pacto.
La organización agraria subraya en un comunicado que el pronunciamiento del Parlamento Europeo "no es simbólico y debe ser respetado" por las demás instituciones comunitarias. Considera que "forzar" la aplicación provisional del acuerdo mientras el TJUE estudia su conformidad con el Derecho comunitario "solo contribuiría a aumentar la desconfianza" del sector agrario y de la ciudadanía hacia la Unión Europea.
Asaga Canarias también pone en valor la reciente "movilización unitaria" del campo europeo, con protestas en Bruselas y Estrasburgo, que han permitido "situar el debate sobre Mercosur en el centro de la agenda política comunitaria". En esta línea, la organización espera que el calendario de nuevas movilizaciones previsto para este año "refuerce el mensaje de rechazo" del sector agrario canario a este acuerdo en las condiciones actuales.
La asociación manifiesta igualmente su "preocupación" por las declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, que considera "favorables" a una eventual aplicación provisional del tratado, al entender que "no atiende a las dudas jurídicas planteadas ni a las preocupaciones del sector agrario".
Asaga Canarias remarca que "no se trata de bloquear" el intercambio comercial, sino de "garantizar seguridad jurídica y respeto" institucional, insistiendo en que debe ser el TJUE quien marque el futuro del acuerdo UE-Mercosur.