Asaja Castilla-La Mancha ha reclamado a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural “medidas reales” de flexibilización en la PAC, en línea con las ya aprobadas en comunidades como Andalucía, Extremadura, Castilla y León o Madrid, donde los ejecutivos autonómicos han modificado su normativa y la han publicado en sus boletines oficiales para facilitar el cumplimiento de ciertos requisitos a los profesionales agrarios afectados por inundaciones y otras incidencias climáticas.
La organización agraria advierte en una nota de prensa de que, si la Junta no adopta estas flexibilidades, los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha “van a competir en desventaja en la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) respecto a los productores de otras comunidades autónomas afectadas por fenómenos meteorológicos adversos”.
Asaja Castilla-La Mancha critica que la Administración regional “considere suficiente” el protocolo que pretende aplicar y “lo justifique diciendo que la campaña de la PAC está muy avanzada para introducir cambios”. A juicio de la organización, dicho protocolo “es una herramienta que no atribuye una verdadera garantía jurídica”.
La entidad recuerda que el pasado 19 de febrero remitió un escrito al consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, y que el 5 de marzo volvió a insistir en la “urgente” necesidad de poner en marcha estas medidas de flexibilización.
El presidente de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda, reprocha que el consejero “no mire por el agricultor de Castilla-La Mancha, para que juegue con las mismas reglas que sus vecinos, no con más burocracia y restricciones, cuando los fenómenos meteorológicos adversos han sido similares.
“En Andalucía o en Extremadura habrá municipios que se han inundado y otros que no, igual que aquí, pero allí todos los agricultores tienen las mismas reglas y para todos se aplican las flexibilidades. Aquí, el protocolo obliga al agricultor a identificar y justificar individualmente las zonas dañadas por inundaciones mediante croquis o fotografías georreferenciadas”, ha añadido.
Fresneda ha recordado que la Consejería de Agricultura. Ganadería y Desarrollo Rural solo tiene una función, “gestionar de forma eficaz, no anunciar cosas que no puede cumplir y caer en la demagogia”.
Asimismo, la organización agraria alerta de que la ausencia de flexibilidades está llevando a numerosos agricultores a efectuar un “laboreo innecesario” para ajustarse a las exigencias de la PAC, incluso cuando las condiciones del terreno, tanto edáficas como climáticas, no son las adecuadas.
En un escenario de “elevados costes de producción”, Asaja advierte de que estas obligaciones “pueden obligar a realizar labores que no tienen sentido agronómico y que difícilmente permitirán que el cultivo complete su ciclo productivo”.
Problemas técnicos en la gestión de la PAC
Por otro lado, Asaja pone el foco en los “graves problemas técnicos” que se están produciendo en las herramientas oficiales de gestión de la PAC durante la campaña actual y censura que “la Administración exija plazos y obligaciones si las herramientas oficiales no funcionan”.
En concreto, la organización denuncia que la SGA App, imprescindible para tomar las fotografías georreferenciadas que actúan como evidencia digital para justificar y validar las declaraciones de la PAC y los ecorregímenes, presenta “importantes fallos de funcionamiento”.
A ello se suma que el programa oficial para tramitar las solicitudes en Castilla-La Mancha, el Sistema de Gestión de Ayudas (SGA), opera “con gran lentitud” y sufre “constantes bloqueos”.
Por este motivo, Asaja Castilla-La Mancha exige a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural que resuelva “con urgencia” estas incidencias técnicas que se repiten cada año, refuerce los medios del sistema y asegure que los expedientes de agricultores y ganaderos se tramiten con normalidad, sin poner en peligro el cobro de sus ayudas.
Reclaman medidas frente a los daños de conejos
Además, Asaja Castilla-La Mancha solicita actuaciones específicas para los agricultores perjudicados por los daños de fauna cinegética, en especial conejos, “que en muchas explotaciones impiden el desarrollo normal de los cultivos”.
Hace un mes, la organización ya trasladó al consejero la necesidad de adaptar los controles administrativos y habilitar mecanismos de protección para los agricultores acogidos a ecorregímenes que no pueden acreditar el cumplimiento de sus compromisos por estos daños.
“Sin embargo, la respuesta de la Administración ha sido, nuevamente, que los agricultores documenten la situación mediante fotografías geolocalizadas para después acreditar que el cultivo no ha nacido por los daños causados por los animales”, lamentan desde la organización agraria. Todo ello “sin que exista hasta el momento una normativa específica que respalde unas flexibilizaciones”.