Asaja Castilla-La Mancha ha vuelto a poner en el punto de mira el sistema actual de seguros agrarios por la forma en que cubre los daños causados por la fauna cinegética. La organización sostiene que este modelo deja a los profesionales del campo en una situación de clara indefensión, según expone en una carta enviada al director general de Agroseguro.
El presidente de la organización agraria, José María Fresneda, ha arremetido contra las condiciones de las pólizas y ha tildado de “indecente” la situación que afrontan los agricultores cuando padecen siniestros provocados por especies de caza menor y mayor.
“En el caso de los conejos, por ejemplo, el seguro establece una franquicia absoluta del 20%, lo que reduce drásticamente la indemnización. Esto significa que, en una parcela con una producción esperada de 1.000 kilos y un daño peritado del 50%, el agricultor solo percibiría el equivalente al 30%, es decir, 300 kilos”, ha explicado.
A este escenario, añade la organización agraria, se suman las penalizaciones por la reiteración de siniestros en una misma finca.
Detalla que el sistema recorta la producción asegurable en un 25% tras dos años consecutivos con daños, en un 50% después de tres campañas y hasta un 100% en el cuarto año, lo que, en la práctica, implica que los agricultores dejan de cobrar indemnizaciones aun cuando continúan registrando pérdidas.
La organización agraria sostiene que este esquema no responde “ni a las necesidades reales del campo ni a los objetivos para los que fue creado”.
Denuncia igualmente un deterioro continuado del sistema, derivado del incremento del coste de las pólizas y del recorte de coberturas, circunstancias que han llevado a muchos productores a plantearse dejar de contratar seguros al no verlos como una herramienta eficaz para proteger sus rentas.
En este contexto, Asaja ha valorado la reciente solicitud de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para que Agroseguro y la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa) sigan pagando indemnizaciones por daños de conejos sin límite temporal.
No obstante, la organización considera que esta iniciativa “no es suficiente y es necesario ir más allá, ya que se trata de un problema estructural que exige una revisión profunda del sistema”.
Las cifras ilustran la dimensión del problema: de acuerdo con datos de Agroseguro, en 2025 se registraron más de 51.000 hectáreas dañadas por especies cinegéticas, de las que más de 40.000 correspondían a caza menor.
Paralelamente, la Consejería de Desarrollo Sostenible calcula que hay 3,4 millones de hectáreas con sobrepoblación de conejos en la región.
“Una diferencia que evidencia que las cifras no concuerdan y que pone de manifiesto la desconexión entre la realidad del campo y los datos que maneja el sistema asegurador, ya que no resulta coherente que exista tal extensión con sobrepoblación y que el número de hectáreas afectadas reconocidas sea tan reducido”, denuncia.
Por ello, insiste en que es imprescindible habilitar partidas presupuestarias suficientes para hacer frente a este problema y evitar que sean los agricultores quienes carguen en solitario con las consecuencias de la inacción.
“No puede ser que, fruto de la mala gestión de las Administraciones, el coste recaiga únicamente sobre el campo”, ha señalado.
Al mismo tiempo, el presidente de la organización ha puesto en cuestión las recientes manifestaciones del director general de Agroseguro, quien subrayaba el riguroso trabajo técnico llevado a cabo en los últimos años “que nos ha llevado a corregir los desequilibrios en prácticamente todas las líneas de seguros”.
En esta línea, Fresneda ha remarcado que “el mayor desequilibrio sigue sin corregirse: la falta de compensación justa por los daños causados por especies cinegéticas, tanto de caza menor como mayor, pese a años de advertencias”.
Desde la organización castellanomanchega denuncian que Agroseguro opera “como un gigante sin competencia, un monopolio que fija las reglas para no perder dinero”, mientras el agricultor “queda solo ante el peligro”.
En esta misma dirección, lamentan que una entidad creada como instrumento de apoyo al sector agrario se haya transformado en un obstáculo para su viabilidad.
“Es una vergüenza que prefieran cuadrar sus cuentas antes que salvar las explotaciones de los agricultores y garantizar nuestra soberanía alimentaria”, han concluido.
Por todo ello, Asaja Castilla-La Mancha reclama una revisión integral del sistema de seguros agrarios y demanda un cambio profundo hacia un modelo más transparente, accesible y eficaz, que ofrezca una cobertura real frente a los daños y se adapte a las necesidades del sector.