Asaja Córdoba ha expresado su satisfacción tras el comunicado del Gobierno de España que anuncia el retraso en la implementación obligatoria del sistema de factura electrónica, conocido como verifactu. Este aplazamiento «confirma lo que la organización viene denunciando desde hace meses», y es que «el campo no puede asumir nuevas cargas administrativas, ni más costes para adaptarse a este nuevo requerimiento».
Desde Asaja recalcan que, aunque la digitalización es «un proceso necesario», no debería forzarse en un sector que ya enfrenta dificultades administrativas y trámites cada vez más complicados, además de las presiones que ya soportan las explotaciones familiares.
Declaraciones del Presidente de Asaja Córdoba
Fernando Adell, presidente de Asaja Córdoba, ha declarado que «este aplazamiento demuestra que teníamos razón porque el sector agrario no está en condiciones de cumplir con más obligaciones y cargas administrativas pensadas desde el despacho y no desde el territorio». Adell también ha enfatizado que los agricultores y ganaderos lidian con «un volumen de trámites y controles que crece año tras año» y que la factura electrónica «sería otra losa más». Antes de imponerla, «el Gobierno debe garantizar conectividad, simplicidad y soluciones reales para el mundo rural», ha destacado.
Aunque reconoce que el aplazamiento es «un paso en la buena dirección», Adell considera que no se aborda el problema de fondo. Para él, «lo más razonable sería que la factura electrónica no se aplicara al sector agrario mientras no existan condiciones reales para asumirla. Obligar por obligar solo genera más dificultades y más coste para quienes ya sostienen la producción de alimentos», ha añadido.
Finalmente, Asaja Córdoba ha reiterado su compromiso de «seguir trabajando con todas las administraciones para lograr una norma realista, proporcionada y verdaderamente adaptada al territorio, que facilite la actividad y no suponga un obstáculo adicional para los profesionales del campo».