QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Asaja ha expresado su repulsa por la decisión del Gobierno de no desbloquear las ayudas extraordinarias legalmente establecidas para el olivar y el viñedo, debido a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), según se desprende de un comunicado oficial.
La entidad agraria demanda la aplicación sin demoras de la Ley 1/2025 de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario, que asignaba un fondo de 370 millones de euros, distribuidos en 285 millones para el olivar de secano y 85 millones para el viñedo de secano, orientados a las explotaciones más perjudicadas por la sequía y el aumento de los costes tras el conflicto en Ucrania.
La Ley 1/2025 establece que el Gobierno debe aprobar en no más de dos meses tras su ratificación una ayuda de concesión directa, incorporada en el sistema de la PAC, destinada a agricultores profesionales, explotaciones prioritarias y áreas de olivar y viñedo de secano.
El Gobierno ha indicado en una respuesta parlamentaria que las ayudas previstas en la Ley de desperdicio alimentario no cuentan con una asignación presupuestaria específica. Según el Ejecutivo, los fondos disponibles se limitan a lo inicialmente aprobado para 2023, sin una partida específica para estas ayudas.
Así, Asaja recalca que no se debe ignorar una ley creada para amparar a los agricultores más vulnerables, y señala que el olivar y el viñedo de secano no deben ser las ‘víctimas colaterales’ por la ausencia de presupuestos.
La organización lamenta esta ‘decisión injusta’ que deteriora la situación de numerosas explotaciones profesionales, destacando que otros sectores como el arroz y los frutos secos sí han recibido ayudas por la sequía o por el impacto del conflicto ucraniano. ‘No hay justificación posible para que olivar y viñedo queden fuera de una ayuda que está escrita en una ley, diseñada para amortiguar la caída de cosecha, el incremento de costes y la pérdida de margen’, enfatizan.
Asaja subraya que la no aplicación de una ayuda establecida por ley como concesión directa y sin necesidad de solicitud previa está creando una ‘inseguridad jurídica insostenible’ para miles de agricultores, que esperaban que se respetara la normativa.
Finalmente, la organización exige al Ministerio de Agricultura una ‘solución inmediata y transparente’, que incluya la activación urgente de los 370 millones previstos en la Ley 1/2025, la asignación presupuestaria adecuada para su implementación, detalles claros sobre los beneficiarios y las superficies afectadas, un calendario público de pagos y un trato equitativo respecto a otros sectores ya beneficiados. ‘No se pueden dar excusas para incumplir una ley. El campo necesita certezas, no respuestas burocráticas, el olivar y el viñedo de secano son pilares de la economía rural y su abandono tendría consecuencias irreversibles’, advierten.
