El presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, ha avanzado que la organización agraria llevará a cabo el próximo miércoles 11 de febrero una movilización de protesta por la situación que atraviesa el campo. La acción consistirá en el corte de todos los accesos por carretera a la ciudad de Cáceres, permitiéndose únicamente el paso hacia el Hospital Universitario de Cáceres (HUC).
Con esta convocatoria, agricultores, ganaderos y apicultores pretenden expresar su rechazo al acuerdo comercial de Mercosur y denunciar los recortes de ayudas previstos en la Política Agraria Común (PAC). Al mismo tiempo, quieren visibilizar la complicada realidad del campo extremeño y las dificultades que soportan las explotaciones ganaderas y agrícolas de la región.
Las protestas se desarrollarán entre las 10,00 y las 14,00 horas, con la participación de numerosos tractores y camiones, algunos transportando colmenas, que circularán en marchas lentas por distintas vías del centro de Cáceres hasta llegar a la Subdelegación del Gobierno. Este dispositivo ocasionará importantes retenciones y cortes de tráfico en la capital cacereña.
Según ha detallado García Blanco en rueda de prensa, los vehículos saldrán desde distintos puntos de la provincia y se irán agrupando en los accesos a la ciudad. Posteriormente se distribuirán por varias rotondas estratégicas: la de los Cuatro Lugares (N-521 cruce EX-390); la de la carretera antigua del Casar de Cáceres (N-521 cruce CC-38); la del club de tenis Cabezarrubia (N-521 cruce N-630); la de acceso a Macondo, Castellanos y Junquillo (N-521 cruce N-521), y la de acceso a Charca Musia y ronda sureste, en la carretera de las Torres (EX-206 cruce EX-C2).
El dirigente agrario ha precisado que la Delegación del Gobierno ha denegado la concentración en las rotondas del IES Universidad Laboral, Aldea Moret y Ceres Golf, por lo que Asaja Extremadura acatará esta decisión y no situará allí vehículos.
El plan de la organización contempla que, sobre las 12,00 horas, los tractores se concentren en la plaza de América (Cruz de los Caídos) y recorran la avenida de España hasta la avenida Virgen de la Montaña. No obstante, García Blanco ha señalado que este tramo de la marcha aún no cuenta con la autorización de la Delegación del Gobierno.
Una parte importante de los tractores llevará colmenas para llamar la atención sobre la grave crisis que atraviesa la apicultura en Extremadura. El presidente de la Asociación Cacereña de Apicultores, Paulino Marcos, ha subrayado que la situación del sector es "crítica" debido al bajo precio que se paga por la miel, al incremento de los costes de producción y a la expansión de enfermedades que afectan a las abejas.
Ha alertado, además, de que el acuerdo con Mercosur podría facilitar la entrada en la Unión Europea de 47.000 toneladas de miel sin aranceles, frente al 17% que se aplicaba hasta ahora. Unido a los menores costes de producción en Sudamérica, este escenario coloca a los apicultores extremeños al borde del cierre de sus explotaciones, ya muy castigadas desde que se permitió la importación de miel procedente de China en el mercado europeo.
Marcos, apicultor de tercera generación, ha reconocido que "nunca" había afrontado una coyuntura tan negativa para la apicultura, tanto por las enfermedades que afectan a las colmenas como por los precios hundidos y los elevados gastos de producción. También ha advertido de la falta de relevo generacional en el sector, lo que agrava la amenaza sobre su continuidad.
En este contexto, Asaja Extremadura centra sus protestas en el tratado comercial entre la Unión Europea y Mercosur que, en palabras de García Blanco, supone "una amenaza vital" para la agricultura comunitaria, ya que impone fuertes exigencias a agricultores y ganaderos europeos que, sin embargo, no se aplican a los productos que llegan desde Mercosur. "Exigimos que se cumpla el principio de reciprocidad", ha remarcado el presidente de la organización agraria.
En relación con la reforma de la PAC, García Blanco ha advertido de que el nuevo marco financiero implicará una merma de entre el 22 y el 23% en los fondos que venían recibiendo los agricultores españoles, lo que, a su juicio, añade más presión a un sector ya muy tensionado.