La asociación de agricultores Asaja en Granada ha expresado su disconformidad presentando alegaciones al proyecto del plan de ordenación de la Sierra de la Sagra, situada en el norte de la provincia de Granada. Estas alegaciones demandan la anulación de su declaración como Parque Natural o una modificación significativa de la propuesta «que garantice la sostenibilidad social y económica del territorio».
«Desde los inicios del proyecto en 2021, nos hemos manifestado en contra, dado que no aporta mejoras significativas a un territorio ya protegido como Zona de Especial Conservación (ZEC) y Red Natura, impone duras restricciones a la actividad agrícola y ganadera y no cuenta con el consenso social», explicaron desde Asaja en un comunicado este martes.
El período para presentar alegaciones culminó el pasado 3 de octubre, durante el cual se revisó el borrador preliminar del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la Sierra de la Sagra, impulsado por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, según informó Asaja.
«Nuestra organización comparte plenamente los objetivos de conservación del medio natural, pero considera que el texto sometido a información pública impone un marco de restricciones excesivo y desproporcionado sobre la actividad agroganadera, que constituye la base económica, social y cultural de la comarca de Huéscar y La Puebla de Don Fadrique. Esta posición en contra del proyecto la hemos manifestado desde que se inició el procedimiento administrativo, en el año 2021, sin variar desde entonces nuestros argumentos».
El área, con cerca de 46.000 hectáreas –de las cuales el 75 por ciento son de propiedad privada–, ya está protegida desde 2015 bajo la figura de ZEC e integrada en la Red Natura 2000, ofreciendo un alto nivel de protección ambiental. La transformación en Parque Natural «no aportaría mejoras sustanciales en materia de conservación, pero sí supondría una carga añadida de limitaciones administrativas y restricciones de uso que comprometerían la continuidad de la actividad agraria y ganadera, así como el mantenimiento de la población en el territorio», señalaron desde Asaja.
También señalaron que «el borrador del plan dedica un espacio mínimo a la caracterización del sector agrario –tan solo dos páginas de un documento de 169–, sin reflejar su peso real en la configuración del paisaje y en el equilibrio ecológico. Tampoco se realiza una evaluación rigurosa del impacto socioeconómico que estas medidas tendrían sobre los agricultores y ganaderos locales, ni se contemplan mecanismos de compensación».
Esta «falta de valoración» demuestra para Asaja «una carencia de enfoque integral y un claro desequilibrio entre los objetivos ambientales y los sociales». El plan presenta «claras contradicciones internas», ya que «proclama objetivos de sostenibilidad, cohesión territorial y conservación del paisaje mientras impone normas que comprometen directamente la continuidad del modo de vida rural» y «otorga mayor flexibilidad a usos turísticos que pueden generar una presión ambiental considerable mientras se endurecen las condiciones de desarrollo agrario».
Asimismo, mencionaron que «se prohíben o limitan prácticas tradicionales que históricamente han contribuido a la estabilidad del ecosistema, como la ganadería extensiva, las quemas controladas o el mantenimiento de bancales, sin ofrecer alternativas de manejo que permitan mantener el equilibrio ecológico y cultural del entorno».