QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Asaja Baleares ha expresado su oposición a la iniciativa de MÉS per Mallorca de transferir las competencias de la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca al Consell de Mallorca, argumentando que “solo introduciría más complejidad administrativa”.
La entidad agrícola admite que aunque el Estatut d’Autonomia contempla esta transferencia, en la coyuntura actual, “no es una medida ni oportuna, ni prioritaria” y señala que “no aportaría mejoras reales en la gestión agraria de la isla”, según declaraciones de Asaja en un comunicado oficial.
Desde Asaja, se ha argumentado que la propuesta “no responde, ahora mismo, a ninguna necesidad actual del sector agrario”. Joan Company, presidente de Asaja Baleares, ha enfatizado que la discusión sobre las competencias es un “debate político” y ha remarcado la necesidad de “no son más estructuras administrativas, sino más eficacia y coordinación” para los agricultores.
Además, han destacado que gran parte de las políticas agrarias “continuarían dependiendo del Govern y del Ministerio de Agricultura”, ya que no se transferirían ni las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), ni el Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de Baleares (Fogaiba), ni tampoco las competencias en sanidad animal, vegetal o relaciones con la Unión Europea.
“Lo que se transferiría es solo la gestión del día a día, algunas acciones de promoción y trámites menores que ahora ya se ejercen desde el Consell en coordinación con el Govern y que se llevan a cabo con normalidad y eficacia”, ha añadido Company.
Asaja ha recordado que la Ley Agraria de 2019 preveía este traspaso en un plazo de cinco años pero que durante anteriores legislaturas “no se avanzó, ni un solo paso”.
Además, señalan que el Decreto de Simplificación Administrativa de 2024 eliminó este plazo para que el traspaso solo se realice cuando “haya las condiciones técnicas, presupuestarias y organizativas adecuadas”.
En cuanto a las críticas de MÉS sobre una supuesta “desprotección del suelo rústico”, Asaja ha subrayado que la figura de las Zonas de Alto Valor Agrario (ZAVA), establecida por la ley de 2019, “nunca se llegó a aplicar”, ya que el Consell de Mallorca “no delimitó ninguno en cinco años”.
“El Anteproyecto de Ley Agraria 2025, sin embargo, establece criterios de protección para todo el suelo rústico, al exigir informes vinculantes de la Administración agraria antes de cualquier nueva edificación o uso no agrario”, han indicado desde Asaja.
Finalmente, Asaja ha defendido que la nueva Ley Agraria de 2025 “moderniza” el marco normativo, “simplifica la gestión y refuerza la viabilidad económica de las explotaciones”.
Además, han resaltado que se “prioriza” la producción ecológica, las razas autóctonas y las variedades locales, y que el Govern se compromete a “financiar parte de los costes de certificación para hacer más accesible este tipo de producción”.
“El debate no tendría que ser quién gestiona las competencias, sino como se garantiza que el campo sea viable, productivo y sostenible. Se necesita estabilidad, coordinación y agilidad, no una nueva fragmentación institucional”, ha concluido Company.
