Asaja de Castilla y León ha solicitado el amparo del presidente en funciones de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ante la decisión de la compañía AB Azucarera de no prorrogar los contratos de remolacha para la campaña 2026/2027 con varios agricultores de la comunidad.
La organización agraria explica en un comunicado que esta determinación, adoptada por el grupo British Sugar, se produce por primera vez en la historia reciente del cultivo y coincide con el primer ejercicio de contratación tras el cierre de las plantas de Miranda de Ebro (Burgos) y La Bañeza (León).
Asaja denuncia que se trata de una decisión “unilateral” que impide a los productores ajustarse a las obligaciones de la Política Agraria Común (PAC), como la diversificación y rotación de cultivos, y que además supone un incumplimiento de los programas agroambientales suscritos en 2023.
La organización critica que la Consejería de Agricultura siga sin pronunciarse, pese a que la empresa ya comunicó oficialmente su postura y a que Asaja presentó una queja formal hace semanas.
Según expone la asociación, la empresa justifica de manera verbal que los agricultores afectados arrastran un historial de rendimientos bajos que, con los precios actuales en torno a los 36 euros por tonelada, no permitirían cubrir los costes de producción. En este sentido, Asaja recuerda que la Ley de la Cadena Alimentaria impide formalizar contratos cuando no se cubren los costes del primer eslabón.
La organización matiza, no obstante, que la mayoría de los remolacheros, incluso aquellos con producciones elevadas, dependen de las ayudas de la PAC para obtener rentabilidad. Además, responsabiliza a la propia industria de parte de esos bajos rendimientos por el modelo de “contrato compartido”, en el que el remolachero quedaba como un “mero trabajador” siguiendo el asesoramiento técnico de la empresa.
Ante esta situación, Asaja reclama un “gesto contundente e inmediato” por parte de la Administración autonómica en defensa de los agricultores, y recuerda el compromiso asumido hace un año de evitar nuevos perjuicios tras el cierre de las factorías de Miranda de Ebro y La Bañeza.
Por último, la organización agraria exige un trato igualitario para todos los productores de la región y demanda a Azucarera una política de precios alineada con la de sus competidores, así como inversiones que permitan acotar las campañas a un máximo de noventa días.