Asaja de Castilla y León ha solicitado el amparo del presidente en funciones de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, tras la decisión de la compañía AB Azucarera de no prorrogar los contratos de remolacha para la campaña 2026/2027 con un número significativo de agricultores de la comunidad.
La organización agraria subraya en un comunicado que esta determinación, adoptada por el grupo British Sugar, se produce por primera vez en la trayectoria de este cultivo y coincide con el primer ejercicio de contratación posterior al cierre de las plantas de Miranda de Ebro (Burgos) y La Bañeza (León).
Asaja denuncia que se trata de una actuación “unilateral” que impide a los productores ajustarse a las exigencias de la Política Agraria Común (PAC), en aspectos como la diversificación y la rotación de cultivos, y que además supone un incumplimiento de los programas agroambientales suscritos en 2023.
La organización reprocha que la Consejería de Agricultura no haya fijado todavía una posición pública, pese a que la empresa ya comunicó oficialmente su decisión y a que Asaja remitió una queja formal hace varias semanas.
Según explica la organización, la compañía sostiene de manera verbal que los agricultores afectados presentan un historial de rendimientos bajos que no permitiría cubrir los costes de producción con los precios actuales, situados en torno a los 36 euros por tonelada. En este punto, Asaja recuerda que la Ley de la Cadena Alimentaria prohíbe suscribir contratos cuando no se cubren los costes del primer eslabón.
La asociación precisa, además, que la mayoría de los remolacheros, incluso aquellos con buenos rendimientos, necesitan de las ayudas de la PAC para obtener rentabilidad. También responsabiliza a la propia industria de parte de esos bajos rendimientos por el modelo de “contrato compartido”, en el que el remolachero quedaba como un “mero trabajador” bajo el asesoramiento técnico de la empresa.
En consecuencia, la organización agraria demanda un “gesto contundente e inmediato” por parte de la Administración autonómica en defensa del sector, recordando el compromiso adquirido hace un año para evitar perjuicios tras el cierre de las factorías de Miranda de Ebro y La Bañeza.
Asaja reclama, por último, un trato igualitario para todos los agricultores de Castilla y León y exige a Azucarera una política de precios alineada con la de sus competidores, así como un plan de inversiones que permita acotar la duración de las campañas a un máximo de noventa días.