Los responsables de Asaja en Castilla y León han solicitado a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural que, a lo largo de este año, introduzca “determinadas flexibilidades” en el “Programa agroambiental de cultivos agroindustriales sostenibles” con el fin de ajustarlo a situaciones sobrevenidas que afectan al sector remolachero.
La organización agraria plantea que los remolacheros de Castilla y León puedan percibir la ayuda agroambiental, en torno a 500 euros por hectárea, por todas las hectáreas sembradas y declaradas, sin que sea obligatorio ceñirse estrictamente a las superficies fijadas en el contrato plurianual firmado en campañas anteriores.
Asaja fundamenta esta demanda en “tres hechos sobrevenidos” que, según recalca, los agricultores no podían prever y que la OPA considera “causa de fuerza mayor”: la “significativa” caída del precio de venta de la raíz, el cierre de dos plantas azucareras en la zona y el alargamiento de las campañas de recolección, unido a las lluvias de este invierno, “que complican sobremanera los planes de siembra del cultivo”.
La OPA subraya que las decisiones de cada explotador deben tomarse en función de criterios agronómicos y de rentabilidad “no por lo establecido en un contrato agroambiental, firmado en 2023, cuando la situación era muy distinta a la actual”.
En esta línea, recuerda que el año pasado ya se acordó no penalizar, a través de las ayudas, a los agricultores que optaran por abandonar el cultivo al no resultarles rentable.
Al mismo tiempo, Asaja valora de forma positiva que la Consejería tenga previsto volver a convocar la ayuda agroambiental para quienes deseen incorporarse al cultivo “por vez primera en los próximos tres años” y reclama que todas las modificaciones se aprueben con rapidez para poder organizar la próxima campaña de siembra, “y con más motivo al ser previsible un periodo próximo de inestabilidad política y parálisis administrativo”.
Además, la organización ha expresado su respaldo a la Consejería para que defienda ante el Ministerio de Agricultura una redistribución de los fondos de la ayuda asociada al cultivo, de manera que Castilla y León pueda recibir los recursos que no se ejecuten en Andalucía, tal y como contempla el Real Decreto que regula estas ayudas de la PAC en España. Este ajuste podría suponer 2,65 millones de euros adicionales para la Comunidad Autónoma.
Por otra parte, Asaja insta a la Consejería de Agricultura y Ganadería a promover una mediación en los contratos entre AB Azucarera y los remolacheros, con el propósito de evitar “cláusulas abusivas” presentes en campañas previas y garantizar remuneraciones que no impliquen vender a pérdidas.
La OPA no anticipa una reducción de superficie en el año 2026 en ninguna de las zonas productoras de la Comunidad y estima que se sembrarán alrededor de 19.000 hectáreas de remolacha, “salvo que las condiciones de contratación, que todavía no son claras, empeoren todavía más”.
Finalmente, la organización defiende el cultivo de la remolacha “como un pilar importante de la economía agraria en amplias zonas” y por su contribución a la diversificación de cultivos exigida por la PAC. “La defensa tiene que ir acompañada de una buena gestión de las ayudas públicas al cultivo, de unos precios remunerados, y de prácticas agronómicas que permitan mejorar las producciones en calidad y en cantidad”, pide la OPA.