QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Asaja Córdoba ha vuelto a poner el foco este miércoles en la «grave crisis» que soporta actualmente el sector cerealista, y ha instado al Gobierno de España y a las instituciones comunitarias a que impulsen «la puesta en marcha inmediata de todos los mecanismos de compensación económica destinados a garantizar la viabilidad de la campaña 2025».
En una nota remitida a los medios, la organización agraria subraya que «los agricultores de cereal se encuentran actualmente en una posición insostenible debido a la entrada masiva de cereal procedente de países terceros», que está llegando a los puertos españoles «a precios muy por debajo de los costes de producción de los agricultores nacionales».
Según advierten, «esta situación de competencia desleal está hundiendo los precios en origen y comprometiendo de forma directa la continuidad de miles de explotaciones. Dadas las características del cereal en la provincia (rendimientos bajos por hectárea, terreno de secano), supone que la falta de margen es más crítica que en otras zonas del territorio nacional».
Asaja detalla que en la provincia de Córdoba «hay dedicadas alrededor de 144.000 hectáreas de cereales. Con un coste de producción mínimo de 280 euro/t y precios de venta por debajo de 200 euro/t, muchos agricultores están vendiendo por debajo de lo que les cuesta producir».
En este contexto, la organización cordobesa incide en que «esa discrepancia amenaza la viabilidad económica de las explotaciones y sin ayudas compensatorias, muchas explotaciones podrían ver su rentabilidad reducida a niveles insostenibles». Además, remarcan que a esta situación «se añade que la PAC por sí sola supone un ingreso insuficiente para las familias agricultoras y ganaderas, ya que no permite invertir y modernizar las explotaciones, «no permite vivir dignamente del campo, y no es una renta atractiva para los jóvenes que pudieran estar interesados en incorporarse».
Ante este escenario, Asaja Córdoba demanda «compensaciones económicas que cubran la diferencia entre los precios a los que se ven obligados los agricultores a vender y el coste real de producir un kilo de cereal en España». Alertan de que, si no se aprueban estas medidas urgentes, «miles de explotaciones cerealistas podrían verse abocadas a la ruina y a su desaparición inmediata, con el consecuente impacto económico, social y territorial en las zonas rurales».
Por último, la organización agraria hace un llamamiento expreso a las distintas administraciones para que «actúen con celeridad y responsabilidad, adoptando decisiones que permitan salvaguardar el futuro de un sector estratégico para la seguridad alimentaria y el mantenimiento del medio rural».
