Asaja Jaén ha defendido que la única salida para que el olivar vuelva a ser rentable pasa por un profundo proceso de reconversión y reestructuración, con el objetivo de mantener el peso de la provincia y de España como potencias mundiales en la producción de aceite de oliva.
Este planteamiento se ha expuesto en el Balance Agroganadero 2025 de Asaja Jaén, presentado este jueves, donde se ha recordado que la Unión Europea continúa siendo el principal productor global de aceite de oliva, al concentrar cerca del 60 por ciento de la oferta. Solo España acapara más del 45 por ciento del mercado y el 65 por ciento de la producción comunitaria, seguida por Italia, Grecia, Portugal y Francia.
Desde la organización agraria se ha remarcado que la producción oleícola comunitaria “se ve cada vez más amenazada por la competencia mundial”, especialmente por los países del norte de África y de Oriente Medio, que “han invertido mucho en el cultivo moderno del olivo”.
Al mismo tiempo, los agricultores europeos tratan de amoldarse a “un clima que cambia rápidamente y a un entorno geopolítico volátil, pero se han observado diferencias de competitividad entre los distintos sistemas de producción y zonas geográficas”.
En este escenario, los olivares tradicionales y sin mecanizar “se encuentran en desventaja estructural frente a los sistemas modernos, mecanizados y de alta intensidad”, una situación que se agrava con los recortes aplicados en la Política Agraria Común (PAC).
“Para preservar nuestro liderazgo es esencial invertir en la reestructuración y reconversión para mejorar la competitividad de la UE y garantizar un futuro sostenible para la producción de aceite de oliva en Europa”, señala el balance presentado por Asaja.
En paralelo, el Copa-Cogeca está elaborando una propuesta común a nivel europeo y, en el caso de Asaja, se propone que este plan de reconversión del olivar se financie fuera de los fondos ordinarios de la PAC, de forma que se asegure el respaldo a todos los modelos de cultivo, con especial atención a los olivares de difícil mecanización.
Esta transformación, de acuerdo con Asaja, debe ser “voluntaria y finalista”, y la ayuda a percibir se fijaría en función del tipo de nueva plantación, distinguiendo entre explotaciones de secano y de regadío, así como por el cambio de variedad.
Por otra parte, la organización considera “imprescindible” una política hidráulica ambiciosa, con inversiones en nuevas obras y en la modernización de las infraestructuras ya existentes, que permita optimizar la gestión de los recursos hídricos y mejorar la eficiencia en el uso del agua.
En esta línea, califican de “fundamental” que se ejecuten proyectos “más que reivindicados y presupuestados en los últimos años”, entre los que citan las conducciones de la presa de Siles y la Cerrada de la Puerta, “absolutamente necesarias para afrontar el cambio climático y la reconversión del olivar”.
Respecto a los aranceles de EEUU, del 15 por ciento al aceite de oliva dentro de un acuerdo comercial más amplio entre la UE y Estados Unidos, Asaja subraya que el impacto se está dejando notar sobre todo en el aceite envasado.
Conforme a los datos del Ministerio, hasta que entraron en vigor estos gravámenes, las ventas de aceite de oliva español habían crecido un 27 por ciento en lo que va de año, mientras que después se ha registrado una caída limitada al tres por ciento, por lo que será necesario aguardar al cierre de 2025 para conocer el balance definitivo.
Asaja-Jaén tiene previsto acudir el próximo 18 de diciembre a la manifestación paneuropea organizada en Bruselas por la Copa y la Cogeca, donde se prevé la asistencia de más de 10.000 agricultores procedentes de organizaciones agrarias de toda Europa.
La protesta cuestiona la orientación actual de la política agraria comunitaria, que Asaja califica de “engañoso y perjudicial para la sostenibilidad de las explotaciones, la seguridad alimentaria y la economía rural”.
A ello se suma, según la organización, una política comercial comunitaria “intolerable e injusta” con el sector agrario, al permitir la entrada de productos de terceros países “sin exigir las mismas normas ambientales, laborales y fitosanitarias que se imponen a los productores comunitarios”, lo que genera “una clara competencia desleal y un deterioro de la rentabilidad de las explotaciones”.