El secretario general de Asaja León, José Antonio Turrado, ha reiterado este martes el respaldo de la organización agraria a los regantes del Páramo Bajo en su exigencia de que se haga efectivo el compromiso adquirido por el Gobierno en 1995 de hacerse cargo del pago de los costes energéticos vinculados al suministro de agua.
Ha recordado que, en aquel momento, el Ejecutivo central presidido por Felipe González aceptó este compromiso, aunque no llegó a recogerse de forma expresa en una norma jurídica. Desde entonces y hasta hace dos años, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) no repercutió a los regantes del Páramo Bajo ese coste, pero en la actualidad sí lo está haciendo. “Yo quiero seguir defendiendo un compromiso político que hizo un gobierno del mismo signo político que el que está gobernando hoy, el PSOE. Y lo que se trata es de defender ese compromiso político”, ha subrayado.
A su juicio, los regantes del Páramo Bajo “tienen toda la razón”. “Se la tenemos que dar todos y les tenemos que ayudar todos para que ese compromiso se mantenga”, ha remarcado.
En la actualidad, ha detallado, estos regantes afrontan una cuota que oscila entre 350 y 400 euros, una de las más altas de la provincia. “Si a eso le hay que añadir la elevación del agua que le quiere cobrar la Confederación, efectivamente los estamos sacando de la competitividad”, ha señalado.
“Les estamos obligando a competir con otros agricultores de la misma provincia en inferioridad de condiciones. Pero ya no es eso, cada uno que se arregle como pueda; es que a ellos les prometieron una cosa, durante muchas décadas se ha mantenido y ahora, de la noche a la mañana, no quieren reconocerlo”, ha insistido.
Ha recalcado que el Ejecutivo central, hasta ahora, ha venido respetando el compromiso asumido, por lo que, si alguien pretende modificar ahora “las reglas del juego”, deberá justificarlo. En esta línea, ha pedido que el Gobierno establezca el marco jurídico preciso que permita blindar ese compromiso. “Está gobernando el mismo partido y el PP no creo que ponga ninguna pega, ni los demás. Por lo tanto, hay mayorías políticas para hacer lo que haya que hacer”, ha concluido.
Turrado ha realizado estas declaraciones en la sede de Asaja, coincidiendo con la presentación del informe de la organización agraria sobre la situación del sector agroganadero leonés en el año 2025.
Antecedentes del conflicto
El origen del problema se remonta a 1980, cuando el Gobierno de España detuvo la construcción de la presa de Las Omañas, que debía servir de alternativa para el regadío de esta comarca, que abarca zonas de las provincias de León y Zamora.
Como alternativa, en 1995 se puso en marcha un trasvase desde el río Esla para garantizar el riego de 24.000 hectáreas del Páramo Bajo mediante la estación de Villalobar, con el compromiso de que los costes energéticos derivados del bombeo del agua no serían asumidos por los regantes, sino por la propia CHD.
Reuniones con la CHD
En este escenario, los integrantes de la Comunidad de Regantes del Páramo Bajo de León y Zamora se encerraron ayer en la sede de la CHD y, tras varias horas de encierro, pactaron con la presidenta del organismo de cuenca, María Jesús Lafuente, la celebración de una serie de reuniones que comenzarán mañana. En ellas, la Confederación tratará de articular una salida que se ajuste a la legalidad y resulte “más beneficiosa posible” para los regantes, mientras que estos mantendrán su postura de que se respeten los acuerdos de 1995 y no se les cargue “ni un céntimo” de los costes de energía y del mantenimiento de la elevación de Villalobar.
De este modo terminó una jornada en la que alrededor de 300 miembros de la Comunidad de Regantes se manifestaron ante la sede de la CHD en Valladolid y una decena de ellos permaneció atrincherada en el interior del edificio.