Asaja Salamanca ha solicitado “medidas urgentes” frente al “hundimiento” de los precios de la patata en su punto de origen, situación exacerbada por costes de producción elevadísimos y una crisis estructural que pone en riesgo la subsistencia de numerosos agricultores.
Durante la celebración de su Sectorial Provincial de Patata, tanto productores como líderes del sector han destacado que el precio de compra frecuentemente no alcanza los 15 céntimos por kilo, y en ocasiones es menor a 10 céntimos, en contraste con unos costes que pueden superar los 8.000 o 10.000 euros por hectárea.
Juan Luis Delgado, presidente provincial de Asaja Salamanca, ha enfatizado que los cultivadores de patata “están trabajando en pérdida”. “Si esta situación se mantiene, muchas explotaciones pueden desaparecer”, ha declarado en un comunicado publicado por Europa Press.
Una queja recurrente entre los agricultores es “la enorme diferencia” entre los precios al productor y los que enfrenta el consumidor final. Mientras que en el campo se pagan menos de 15 céntimos por kilo, en los supermercados el mismo producto puede alcanzar entre uno y dos euros, han explicado.
Esta disparidad, que les resulta incomprensible, desmotiva tanto la producción como el consumo. Asimismo, refleja un funcionamiento deficiente de la cadena alimentaria, donde “el productor asume el ‘riesgo’”, el consumidor “paga de más” y los intermediarios retienen o incrementan sus márgenes de manera “desproporcionada”.
Asaja ha recordado que vender por debajo de los costes de producción podría violar la Ley de la Cadena Alimentaria. Además, ha alertado que la crisis trasciende una mala temporada agrícola. “Los regadíos del oeste de Castilla y León están perdiendo cultivos rentables. Tras el desmantelamiento de la remolacha azucarera por parte de Europa, los regantes deben optar por rotaciones de cultivos viables solo bajo condiciones excepcionales, como la patata”, ha lamentado la organización.
Para enfrentar estos desafíos, Asaja propone un conjunto de “medidas urgentes” que incluyen reunirse con la Junta de Castilla y León, asegurar el cumplimiento efectivo de la Ley de la Cadena Alimentaria mediante controles adecuados, revisar los contratos estándar relacionados con los costes reales de producción y reforzar el control sobre las importaciones procedentes de fuera de la Unión Europea. Además, han pedido implementar un sistema de doble etiquetado, mostrando el precio en origen y en punto de venta, junto con apoyo para infraestructuras de almacenamiento y transformación.
Delgado concluye diciendo: “No pedimos subvenciones, pedimos reglas justas. Si se nos exige producir con las normas europeas más estrictas, también debe garantizarse que podamos vender con rentabilidad”.