Las organizaciones agrarias Asaja y COAG en la provincia de Almería han llamado a secundar una concentración el próximo 29 de enero ante la Subdelegación del Gobierno en Almería para manifestarse contra los acuerdos comerciales de la Unión Europea con terceros países y, de forma específica, contra el Acuerdo UE-Mercosur.
La convocatoria, respaldada por Cooperativas Agro-alimentarias y Coexphal, servirá igualmente para expresar su oposición a los recortes previstos en la próxima programación de la Política Agraria Común (PAC).
La protesta se articula en torno a dos grandes ejes que, según han indicado ambas organizaciones en un comunicado, “amenazan directamente la viabilidad y la supervivencia del campo europeo”: por un lado, los tratados de libre comercio entre la UE y países terceros, entre ellos el de Mercosur, y por otro, la disminución de apoyos y los cambios estructurales contemplados en la nueva PAC.
El acuerdo con Mercosur —que integra a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— ya ha recibido el visto bueno de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, quedando únicamente pendiente su ratificación por el Parlamento Europeo, un trámite que debe cerrarse antes de mayo de este año.
Tras más de dos décadas de negociaciones, el pacto ha cambiado de naturaleza y ha dejado de ser un Acuerdo de Asociación para convertirse en un Acuerdo Comercial centrado en las relaciones comerciales, “lo que va a suponer un impacto dramático no solo, aunque sí principalmente, para el sector agrario, sino para el propio modelo europeo de producción de alimentos”.
Desde las organizaciones agrarias sostienen que los verdaderos beneficiarios de este tipo de iniciativas “son los grandes fondos financieros que especulan con el sector agrario, además de industrias ajenas al campo, como la automoción o el sector farmacéutico”.
En cambio, las explotaciones familiares pequeñas y medianas, que constituyen la base del sistema agrario europeo, “asumen los mayores costes, estando en peligro su viabilidad y supervivencia como sistema”. “Las consecuencias van, por tanto, mucho más allá de la rentabilidad económica”, han puntualizado.
La entrada masiva de productos agroalimentarios procedentes de otros orígenes, y ahora especialmente de Mercosur, genera “serias dudas en materia de seguridad alimentaria”.
Las organizaciones agrarias recuerdan que “llevan años advirtiendo de los peligros de las importaciones de terceros países sin control, así como denunciando que las prácticas fitosanitarias y de modelos productivos abusivos, permitidas en estos entornos, encontrándose salvaguardados en el contexto de la UE donde se vela por el bienestar social, la salud y el medio ambiente”.
“Así, y sin garantías efectivas de reciprocidad, los productos importados llegarían al mercado comunitario sin cumplir los mismos estándares sanitarios y de trazabilidad que se exigen a los productores europeos, lo que supone un riesgo para la población en general”, recalca el comunicado.
Del mismo modo, alertan de que el acuerdo “ignora las profundas diferencias en materia de derechos laborales, salariales y de protección social, lo que, además de esconder prácticas deshumanizadas, se traduce en una ventaja competitiva basada en menores costes y en una presión añadida sobre los precios en origen en Europa”.
“No se puede hablar de libre comercio cuando las reglas del juego no son iguales para todos”, remarcan desde Asaja y COAG Almería, que también ponen en duda la utilidad real de las cláusulas de salvaguarda incluidas en el texto. Estos instrumentos son, a su juicio, “claramente insuficientes y ofrecen más una garantía política que una protección real”.
Su activación queda condicionada a complejos procedimientos administrativos y a la demostración de daños graves en el mercado, cuando el deterioro de los precios y de la rentabilidad de las explotaciones ya sería “difícilmente reversible”.
Además, su credibilidad “se encuentra en entredicho por el débil contexto de control en origen y la ausencia de un sistema europeo de fronteras eficaz, lo que hace prácticamente inviable verificar que los productos importados cumplan los estándares exigidos en la UE”.
En esta línea, apuntan que incluso algunos países integrantes de Mercosur han expresado abiertamente sus reticencias a aceptar controles adicionales, “lo que deja estas salvaguardas en una posición de absoluta debilidad y de difícil aplicación real”.
Recortes de la PAC y “pérdida de soberanía alimentaria”
Paralelamente, la situación del sector se ve “agravada por los recortes y la pérdida de peso de la PAC”. El nuevo marco financiero europeo apunta, según denuncian, a una “reducción de fondos y a una desaparición de la singularidad de la PAC como política estratégica”.
“Menos presupuesto, más exigencias y mayor burocracia dibujan un escenario que dificulta la continuidad de miles de explotaciones y acelera el abandono del medio rural. Debilitar la PAC es acabar con la capacidad de Europa para garantizar su soberanía alimentaria”, añade el comunicado.
Por ello, reclaman a los responsables políticos que atiendan las demandas del campo antes de dar por cerrado el acuerdo con Mercosur, o cualquier otro pacto con terceros países, y antes de consolidar unos recortes que consideran “incompatibles con un modelo agrario sostenible”.
“El campo vuelve a ser utilizado como moneda de cambio en decisiones comerciales y presupuestarias que no tienen en cuenta sus consecuencias a largo plazo sobre la sociedad en general”, lamentan los responsables de ambas organizaciones agrarias.
La movilización del 29 de enero en Almería se convoca para exigir a las instituciones europeas un “cambio de rumbo total” ante la ratificación del Acuerdo con Mercosur y un compromiso firme frente a otros países, para “frenar este tipo de iniciativas”.
Al mismo tiempo, pretenden trasladar a la ciudadanía un mensaje claro: “el campo no es solo un sector económico; es el lugar donde se producen los alimentos seguros que nos alimentan a todos, donde se protege la salud de los ciudadanos y donde se sostienen y mantienen vivas economías locales y amplias zonas rurales”.