La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha reiterado este lunes su respaldo al sector pesquero asturiano ante las complicaciones surgidas tras la entrada en vigor, el pasado día 10, de las nuevas obligaciones recogidas en el Reglamento Europeo de Control.
Según ha señalado el Principado en una nota de prensa, estas disposiciones resultan “especialmente relevantes” para una flota como la asturiana, formada en su mayoría por barcos de bajura y artes menores, con salidas diarias a caladeros cercanos y orientada a capturas multiespecie.
Medio Rural se muestra de acuerdo con los fines del reglamento —reforzar la trazabilidad, mejorar el control, garantizar la seguridad alimentaria y combatir la pesca ilegal—, pero advierte de que “la aplicación literal y sin adaptación de ciertas obligaciones, como la notificación previa de entrada a puerto con hasta cuatro horas de antelación o el registro de todas las capturas desde el kilogramo cero, resultan muy difíciles de cumplir para una flota con estas características”.
El Principado subraya que ya había trasladado durante la fase de elaboración de la norma la conveniencia de considerar las especificidades de la flota artesanal del Cantábrico y las dificultades prácticas para implantar estas obligaciones en embarcaciones de reducidas dimensiones y mareas de corta duración. En esa misma línea, anuncia que volverá a defender esta postura en la Conferencia Sectorial de Pesca que tendrá lugar mañana, martes 20 de enero.
El Gobierno de Asturias insiste en que cualquier marco regulatorio debe compatibilizar la sostenibilidad con la viabilidad económica, dado que la conservación de los recursos pesqueros repercute de forma directa en la continuidad del propio sector. El Principado considera “imprescindible” que la aplicación del reglamento sea “progresiva, flexible y adaptada a la realidad de la pesca de bajura del Cantábrico”.
Desde el Ejecutivo se remarca que la Consejería continuará ejerciendo como “interlocutora activa” con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en defensa de “propuestas constructivas que permitan avanzar en trazabilidad y control sin comprometer la viabilidad de un sector esencial para las comunidades costeras, la cohesión territorial y la soberanía alimentaria”.