El consejero de Medio Rural y Política Agraria del Gobierno de Asturias, Marcelino Marcos Líndez, ha avanzado este miércoles que el censo de ejemplares de lobo ibérico correspondiente a 2025 en Asturias estará concluido en las próximas semanas.
Durante su comparecencia en una comisión parlamentaria en la Junta General solicitada por PP y Vox, Marcos Líndez ha señalado que ese nuevo censo confirmará un incremento de la población de lobos respecto a ejercicios anteriores. “Los datos desagregados así lo demuestran y eso será la base para trabajar tanto en la modificación del decreto del plan de gestión como en el futuro programa de control poblacional”.
Tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo que deja sin efecto la aplicación del plan de control 2022-2023 y anula un artículo del plan de gestión, el Principado ha suspendido los controles en vigor y ha optado por elaborar un nuevo decreto que permita sostener las políticas de control de la especie y seguir abatiendo lobos con plena seguridad jurídica.
El Ejecutivo asturiano prevé que, una vez se apruebe el nuevo plan de gestión, a finales de junio, se impulse el programa de control poblacional para que pueda entrar en funcionamiento en septiembre.
Respecto al programa 2025-2026, Marcos Líndez ha subrayado que el grado de ejecución ha alcanzado el 81,1%, con 31 lobos abatidos. El consejero ha pedido a los grupos parlamentarios que eviten la “frivolidad” al abordar este tipo de cuestiones jurídicas.
“Yo estoy convencido, y ahora no vale llorar por la leche derramada, que si hubiéramos llegado al 31 de marzo nos hubiéramos cumplido incluso por encima del 100 por ciento”, ha señalado.
Sobre la tramitación del nuevo decreto, Marcos Líndez ha detallado que el Gobierno asturiano se volcará en acelerar al máximo los procedimientos. “Yo no puedo saber qué va a pasar en el futuro, si va a haber recursos, que probablemente sí o qué va a pasar con todo eso; pero lo que sí les garantizo es que pondremos todo lo que está en nuestra mano, desde el punto de vista del Gobierno, del funcionamiento de la Administración y desde el punto de vista jurídico, para dar ese instrumento necesario para poder seguir llevando adelante esos programas de control poblacional”, ha concluido.