Autoridades de Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía presentan informe a Aagesen en defensa del Tajo-Segura

Miguel Barrachina, conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat, junto a Sara Rubira y Ramón Fernández-Pacheco, consejeros de Murcia y Andalucía respectivamente, así como Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, han remitido un informe a Sara Aagesen, vicepresidenta tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, solicitando el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura.

El documento subraya la ‘dependencia estructural del trasvase Tajo-Segura para garantizar el abastecimiento de agua para el consumo humano, la agricultura y el desarrollo socioeconómico de nuestras regiones’. Las propuestas de alteración en las normas de explotación del trasvase han causado ‘profunda preocupación’ entre los sectores productivos y las instituciones de estas comunidades, destacando que representan el 42,5 por ciento del Valor Agregado Bruto nacional y afectan a 4,2 millones de personas.

Advierten que cualquier reducción en los caudales trasvasables perjudicaría gravemente la sostenibilidad de la agricultura de regadío, el suministro de agua a poblaciones, especialmente durante sequías prolongadas, y tendría un impacto negativo en la economía y el empleo en sectores clave. Además, sugieren que una disminución comprometería el ‘equilibrio territorial y la cohesión social’ en estas áreas.

El informe, que pide una pausa en la implementación de nuevas normativas, recalca la necesidad de un ‘diálogo técnico y político’ para hallar soluciones óptimas. También enfatiza la importancia de una inversión de 68 millones de euros en la modernización de regadíos según el Plan Hidrológico del Tajo, lo que permitiría ahorrar hasta 100 hm3 de agua, que se destinarían a cumplir con el caudal ecológico del Jarama.

Finalmente, el informe solicita que no se apliquen los incrementos en los caudales ecológicos y se detenga la revisión de las reglas de explotación, proponiendo un pacto nacional por el agua que respete la equidad y sostenibilidad en la gestión hídrica.