El Govern ha comunicado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación su voluntad de que la próxima Política Agraria Común (PAC), que entrará en vigor el año que viene, incorpore de forma específica los sobrecostes que supone la insularidad para el campo balear.
Esta petición fue trasladada este miércoles por el director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández, a la secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria del Ministerio, Ana Rodríguez.
Ambos responsables se han visto en Madrid para abrir oficialmente las conversaciones entre el Ejecutivo central y el autonómico en relación con la negociación de la futura PAC.
Según ha detallado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en una nota, en la reunión el director general ha presentado las líneas básicas que el Govern pretende defender para este nuevo marco comunitario.
En esta exposición, Fernández ha reiterado su objetivo de que la nueva PAC, al igual que ocurrió en la última reforma, recoja de manera clara la condición de insularidad y los sobrecostes estructurales que se derivan de ella.
“La insularidad no es un privilegio, es una dificultad objetiva que debe ser reconocida en la política europea. Si la futura PAC no tiene en cuenta estas realidades, muchas explotaciones perderán competitividad”, ha aseverado.
El director general también ha planteado a la representante del Ministerio la conveniencia de mantener un tratamiento específico para las regiones insulares en el nuevo modelo de ayudas, así como defender importes diferenciados tanto en la ayuda decreciente por hectárea como en las ayudas asociadas.
En la misma línea, ha insistido en la relevancia de que se refleje la realidad productiva del archipiélago y se refuerce el papel del pago compensatorio destinado a territorios con limitaciones naturales.
Fernández ha apuntado, además, que los borradores de reglamento en los que se está trabajando actualmente obligan a concentrar los apoyos en los sectores agrarios con mayores dificultades y abren la puerta a establecer diferencias entre regiones basadas en criterios objetivos y no discriminatorios.
En este contexto, el director general, que ya participó en la negociación de la anterior PAC, ha destacado que todavía hay margen en la normativa europea para continuar la línea iniciada hace seis años junto al Ministerio.
Asimismo, ha planteado la necesidad de revisar el mecanismo actual de reparto de fondos, heredado del Fedaer, recordando que este instrumento desaparece en el nuevo periodo de la PAC y que “ya no responde a la realidad territorial ni a las necesidades actuales del sector”.
“Habrá que revisar la regionalización de los fondos en función de criterios distintos”, ha afirmado Fernández, quien ha defendido que se blinde un volumen de recursos adecuado para las intervenciones sectoriales consideradas estratégicas para Baleares y que se garantice la correcta integración de las explotaciones mixtas de agricultura y ganadería en el futuro esquema de ayudas.
Coordinación entre el Ministerio y las comunidades autónomas
La reunión ha servido también para tratar la necesidad de articular una metodología de trabajo estable y ágil entre el Ministerio y las comunidades autónomas durante toda la negociación de la PAC.
Al respecto, el representante del Govern ha valorado de forma muy positiva la actitud del Ministerio y ha querido reconocer su “actitud de escucha constante, diálogo y colaboración mostrada desde el primer momento”. Ha añadido que la Conselleria mantiene igualmente una postura constructiva que “beneficia” al conjunto del sector agrario balear.
“Estamos ante una propuesta compleja y todavía abierta, por lo que es fundamental trabajar desde el inicio con lealtad institucional y con voluntad de acuerdo. Agradecemos al Ministerio su predisposición para atender las especificidades territoriales y por su compromiso con un proceso participativo”, ha sentenciado el director general.