La Comisión Europea no ha identificado irregularidades en las importaciones de filetes de atún procedentes de Vietnam hasta 2024, pese a las sospechas de fraude planteadas en una petición ciudadana analizada este martes por la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que ha optado por mantener el expediente abierto.
“En base a todo esto, francamente, no vemos ninguna anomalía”, ha indicado el representante del Ejecutivo comunitario, después de revisar los datos disponibles sobre importaciones y capturas que, a su entender, “se cotejan perfectamente”.
Durante el intercambio de opiniones, Bruselas ha detallado que las normas de origen incluidas en el acuerdo de libre comercio con Vietnam son equiparables a las de otros tratados y ha defendido que ya existen mecanismos de supervisión que están siendo aplicados por las autoridades aduaneras de los Estados miembro.
Además, ha precisado que los volúmenes importados se han mantenido en torno a las 6.200 toneladas y que menos de la mitad se beneficia de aranceles preferenciales, lo que, en su criterio, no refleja un uso excesivo del acuerdo comercial.
No obstante, ha admitido un repunte en 2025 y ha subrayado que la Comisión continuará revisando las estadísticas para verificar que coinciden con las capturas declaradas por Vietnam.
El peticionario denuncia competencia desleal
En contraste con esta evaluación, el peticionario ha alertado de un “crecimiento anormal” de las importaciones y ha denunciado una posible reexportación de producto de terceros países como si fuera de origen vietnamita para acogerse al arancel cero.
“Se está importando en la Unión Europea atún como origen Vietnam, pero que no lo es en la realidad”, ha señalado, apuntando a incoherencias entre los datos de producción y exportación del país asiático.
Según ha explicado, esta situación provoca una “competencia desleal” para las compañías europeas, sometidas a mayores costes y exigencias regulatorias, y ha reprochado la ausencia de respuesta de la Comisión tras más de un año de denuncias.
En la intervención de los grupos, la eurodiputada ‘popular’ Carmen Crespo ha apoyado las inquietudes del peticionario y ha reclamado auditorías in situ para comprobar el origen del producto, ya que, a su juicio, si se verifican las sospechas, se trataría de una práctica fraudulenta que estaría “dañando la competencia justa”.
Otros eurodiputados, como el socialista Nils Usakovs, han pedido prudencia y han recalcado que cualquier medida debe sustentarse en evidencias, recordando además que ya hay una investigación en marcha.
En cualquier caso, la comisión de Peticiones ha resuelto mantener viva la iniciativa y solicitar una contestación por escrito a la Comisión Europea antes de fijar los siguientes pasos.