Las conversaciones entre los Estados miembros y la Comisión Europea para cerrar las cuotas y los totales admisibles de capturas (TAC) en el Atlántico y el Mediterráneo para 2026 se están extendiendo más de lo previsto, después de que el Ejecutivo comunitario haya puesto sobre la mesa una nueva propuesta de compromiso que siguen examinando en detalle los países más afectados, como España, Francia e Italia, decididos a frenar el recorte de esfuerzo pesquero en el Mediterráneo.
En este momento, las discusiones en la capital comunitaria giran en torno a los mecanismos de compensación planteados por Bruselas para corregir el recorte del 65% de los días de faena y permitir que la flota mediterránea pueda alcanzar los niveles de actividad de 2024, en torno a los 130 días, según indican fuentes comunitarias a Europa Press.
A lo largo de la jornada, las posturas se han mantenido alejadas y los avances han sido escasos, en gran medida por la dificultad de cuadrar los intereses de los Estados más implicados con la propuesta especialmente severa para el Mediterráneo occidental.
La Comisión Europea había puesto como punto de partida un recorte del 65% de los días de actividad, hasta apenas 9,7 días, con la opción de recuperar un volumen de faena similar al de 2024 –unos 130 días– únicamente si se aplican nuevas medidas de compensación, un planteamiento que tanto el Gobierno como el sector observan con desconfianza.
Frente a ello, países como España argumentan que la situación de los caladeros ha mejorado y que la flota ya ha implementado medidas exigentes que quedarán reflejadas en próximos informes científicos, por lo que reclaman que se reconozcan estos esfuerzos y se evite imponer nuevas obligaciones de compleja aplicación.
En lo que respecta al Atlántico, la propuesta comunitaria para las aguas ibéricas incluye un recorte de las capturas de especies como el lenguado, del 28%, y el abadejo, del 26%, recortes que España intenta revertir, al tiempo que valora que se mantenga la cuota actual para la merluza.
La flota española sigue también con atención la situación de la sobrepesca de caballa por parte de países ajenos a la UE, como Noruega, con los que el bloque comunitario confía en cerrar un entendimiento. Considera que no tiene sentido que la UE reduzca hasta un 70% sus capturas, siguiendo la recomendación científica, si otros Estados no asumen ningún compromiso de contención, por lo que se da por hecho que se acabará fijando una cuota provisional por países.











