La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias ha hecho pública la resolución por la que se destinan ocho millones de euros, procedentes de fondos estatales y correspondientes a la convocatoria de 2025, para ayudar a sufragar los costes de extracción de agua de pozos y galerías, así como los derivados de la desalación y/o producción de aguas regeneradas destinadas al riego agrícola en el archipiélago.
En esta convocatoria se han autorizado 86 solicitudes presentadas por entidades locales, corporaciones de derecho público, empresas públicas, comunidades de aguas y también por personas físicas o jurídicas dedicadas a la producción de agua para riego agrícola, según ha detallado la Consejería canaria de Agricultura en una nota de prensa.
En relación con esta medida, el consejero canario de Agricultura, Narvay Quintero, subrayó que esta línea de apoyo “se complementa” con otras actuaciones impulsadas por el Ejecutivo autonómico para “garantizar el abastecimiento hídrico” del sector agrario y “mitigar los efectos” de la sequía.
En este contexto, recordó otras acciones adicionales, entre ellas la ayuda extraordinaria dirigida a 3.165 productores de distintos cultivos y la ayuda específica para hacer frente a la falta de agua, dotada con cuatro millones de euros, además de la cesión a los cabildos insulares de diez desaladoras para riego agrícola y la inversión prevista de unos 20 millones de euros en las cuentas autonómicas para modernizar redes e infraestructuras hidráulicas.
Según la Consejería, estas subvenciones permitirán asumir los costes eléctricos vinculados a la elevación y producción de agua para riego agrícola procedente de pozos, galerías, plantas desaladoras o potabilizadoras, junto con otros gastos contemplados en las bases reguladoras de la convocatoria.
El departamento autonómico recuerda que en Canarias la limitada disponibilidad de aguas superficiales obliga a cubrir las necesidades de la población y de la agricultura principalmente mediante aguas subterráneas captadas a través de galerías y pozos.
Además, explica que, ante la escasez de estos recursos en las islas orientales y el aumento de la demanda por encima de las disponibilidades en las islas capitalinas, se ha recurrido a alternativas como la desalación y la reutilización de aguas depuradas. La obtención y distribución de agua desde estas fuentes “conlleva altos costes” energéticos, lo que se traduce en “elevados precios” del agua de riego agrícola que se pretende compensar con estas ayudas.
La resolución precisa que las personas beneficiarias deberán repercutir, salvo en los casos de autoconsumo, la subvención concedida en el precio del agua que pagan las personas regantes, en función del volumen consumido. Asimismo, tendrán la obligación de justificar esta repercusión en un plazo máximo de 60 días naturales, contados desde el día siguiente a la publicación de la resolución en el tablón de anuncios, efectuada el 15 de diciembre de 2025.