El Consejo de Gobierno de Canarias ha dado este lunes el visto bueno a la legalización territorial de tres explotaciones ganaderas, que reúnen en conjunto 725 cabezas de ganado, ubicadas en Telde (Gran Canaria), Los Llanos de Aridane (La Palma) y Arico (Tenerife).
La decisión se adopta siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 6/2009 de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo en Canarias, norma que permite otorgar autorización tanto a la actividad como a las edificaciones e instalaciones vinculadas.
De acuerdo con la información facilitada por el Ejecutivo autonómico, esta actuación supone un paso más en el proceso de reactivación de las regularizaciones que impulsa la Dirección General de Ganadería y se refiere a tres granjas centradas sobre todo en ganado caprino, una de ellas combinada con producción avícola. Con estas tres nuevas autorizaciones, el número total alcanza las 36 legalizaciones desde el comienzo de la presente legislatura.
Tal como figura en el expediente del Servicio de Industrias, Registros y Bienestar Animal, todas las instalaciones constan de alta en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA) y, según el estudio comparativo de imágenes aéreas incluido en el informe elaborado por GMR Canarias, sus construcciones son posteriores a la entrada en vigor de la Ley 9/1999 de Ordenación del Territorio de Canarias, lo que hace de aplicación la disposición final tercera de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
Dicha normativa recoge que el Gobierno, a propuesta de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria y en coordinación con los departamentos competentes en ordenación del territorio y medio ambiente, está facultado para acordar la legalización territorial y ambiental de edificaciones e instalaciones ganaderas en funcionamiento que se hubieran levantado sin los preceptivos títulos administrativos antes de la entrada en vigor de la mencionada Ley de Ordenación del Territorio en Canarias.
Además, el acuerdo del Consejo de Gobierno fija una serie de actuaciones de índole sanitaria, ambiental, funcional, estética y de bienestar animal que deberán llevarse a cabo como condición para culminar la legalización, en un plazo de dieciocho meses desde el día siguiente a la notificación, ampliable por otros nueve meses adicionales.
Estas autorizaciones se integran en un plan específico de regularización dirigido a explotaciones construidas con anterioridad a 1999 que hayan completado los trámites exigidos.
En este marco, la tramitación requiere la intervención tanto de los cabildos insulares como de los ayuntamientos donde se ubican las granjas, además de otros organismos públicos, entre ellos la Dirección General de Protección de la Naturaleza y la Dirección General de Ordenación del Territorio.