Cantabria se ha unido recientemente a la Declaración de Galicia, un acuerdo respaldado por los 21 integrantes de la Delegación Española del Comité Europeo de las Regiones, rechazando la nueva propuesta de la Comisión Europea para el Marco Financiero Plurianual 2028-2034. Este documento critica duramente aspectos como “la centralización de la toma de decisiones en los Estados miembros, la menor transparencia en el reparto de recursos y el debilitamiento del papel de las regiones, lo que podría poner en riesgo el principio de cohesión territorial de la Unión Europea”, según ha comunicado el ejecutivo cántabro.
Las regiones de España han expresado también su preocupación por la reducción de los fondos destinados a la política agrícola y pesquera. Por ello, la delegación española ha solicitado a la Comisión que reconsidere esta propuesta y ha instado al Gobierno de España (PSOE-SUMAR) a defender estos puntos en el Consejo de la UE.
Isabel Urrutia (PP), consejera de Presidencia del Gobierno de Cantabria, firmó el documento en Santiago de Compostela, en un evento que contó con la presencia de todos los miembros de la Delegación Española, liderados por Alfonso Rueda (PP), presidente de la Xunta de Galicia. Durante el encuentro, Urrutia ha enfatizado que la Declaración de Galicia marca “un antes y un después” en el reconocimiento del “papel estratégico” de las regiones en la gestión de fondos europeos y ha criticado el intento del Gobierno de España de controlar la distribución de los fondos europeos MRR y NextGeneration, lo que podría resultar en la devolución de “gran parte de los mismos”. Además, ha argumentado que la política de cohesión “no es un gasto, es una inversión en resiliencia, y el próximo Marco Financiero Plurianual debe reflejarlo con claridad”.
La Declaración de Galicia solicita una revisión exhaustiva de la propuesta europea para el Marco Financiero, alineándose con las peticiones del CdR del 15 de octubre y del Parlamento Europeo, y exige del Gobierno que defienda estos principios en el Consejo de la UE, buscando más transparencia, el fortalecimiento del papel de las regiones y la mejora del principio de cohesión territorial.
Entre los principales requerimientos de la Delegación se encuentra la demanda de un presupuesto europeo más ambicioso, superior al 2% de la Renta Nacional Bruta europea, para hacer frente a desafíos geopolíticos y cumplir con los objetivos del Tratado en materia de cohesión, agricultura y pesca. Asimismo, insisten en asegurar la sostenibilidad financiera de los sectores agrícola y pesquero, que enfrentan una disminución real de financiación y nuevas cargas de cofinanciación nacional.